En la asamblea general realizada el miércoles en el Polo Sanitario los trabajadores de Salud provincial resolvieron, por unanimidad, realizar este viernes 21 de octubre otra jornada de protesta, con cortes de calle frente a cada hospital y con cacerolazos, como método para llamar la atención de las autoridades que se niegan sistemáticamente a resolver el conflicto.
Estuvieron presentes en la oportunidad la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA), enfermeras y el sector Interhospitalario.
La asamblea evaluó positivamente la movilización realizada el martes, valorando la unidad de los distintos sectores en lucha bajo las mismas consignas: salario inicial igual a la canasta familiar, recurso humano crítico para toda la salud provincial y todos los complementos remunerativos al básico.
Durante el debate se resolvió también continuar las asambleas sin límite de tiempo, prosiguiendo con el estado de conflicto hasta el martes próximo, cuando se realizará un nuevo encuentro para determinar los pasos a seguir.
Vale señalar que durante la jornada de ayer el gobierno continuó levantando el argumento que ATE no tiene personería gremial, como atajo para evitar una convocatoria a una mesa de negociación, cuando está informado que el Ministerio de Trabajo de la Nación emitió la resolución 708 en 2009 que otorga taxativamente el ámbito de representación a nuestro gremio en el Estado provincial.
En consecuencia, debe interpretarse como una decisión política de la administración actual no recibir a las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores en lucha y, por lo tanto, elegir el camino de profundizar el conflicto, olvidando los sufrimientos que esta actitud genera en los cordobeses que se encuentran sin atención médica.
Sin embargo, tal como se afirmó en la multitudinaria movilización realizada el martes con la presencia de la CTA Nacional encabezada por su secretario general, Pablo Micheli, será la unidad de los trabajadores y la justeza de las reivindicaciones en cuestión lo que logrará vencer la necedad de un gobierno sordo a los reclamos de los trabajadores, pero también de las necesidades de la población.
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