miércoles, 15 de febrero de 2012

ATE logra su reconocimiento en la Universidad Nacional de Río Cuarto


El pasado 14 de febrero, los delegados de ATE-CTA (Asociación de Trabajadores del Estado) en la Universidad Nacional de Río Cuarto, recibieron una copia de la resolución Nº 015/12 del Rectorado que encabeza el Rector Marcelo Ruiz. En esta se da lugar al pedido efectuado por ATE hace dos años, dándose la tutela sindical para sus autoridades y miembros representativos o electivos, ejercicio de planes de acción gremial, descuento por planilla de cuota de afiliación, derecho a elegir sus autoridades y representantes en el ámbito laboral.

Este logro llevó dos años de reclamo, no sólo por la vía administrativa que comenzó cuando aún Oscar Spada era Rector, sino que esto fue acompañado de acciones político gremiales como marchas, radio abierta, volanteadas, pedidos de audiencia, etc. Este logro de la Asociación de Trabajadores del Estado nos permite realizar actividades gremiales en la Universidad sin ser perseguidos o sancionados, nos reconoce la tutela y el código de descuento, pero se deja en suspenso y en manos del Ministerio de Trabajo de la Nación la participación en paritarias de nuestro gremio. Pelea que seguiremos dando.

El Rectorado expresa también en su resolución: “Que esta autoridad es partidaria del reconocimiento pleno de los derechos sindicales, dentro de los cuales se destaca el ejercicio de la libertad sindical y de la libertad de afiliación en particular ”.

Celebramos esta decisión que permitirá el pleno derecho de libertad sindical dentro del ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Córdoba: Derechos humanos Cuarto juicio por el terrorismo de Estado


Comenzó el juicio contra ex policías del Comando Radioléctrico El Tribunal Oral Federal número 2 (TOF2) empezó un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura cívico-militar, en relación con el fusilamiento de tres militantes de la Juventud Peronista (JP) en 1976. Se trata del cuarto juicio por violaciones a los derechos humanos que se realiza en Córdoba, y el primero donde aparece involucrado el Comando Radioléctrico
Arrancó en Córdoba el cuarto juicio por delitos cometidos en la última dictadura. Tres policías represores integrantes del Comando Radioeléctrico de la ex Unidad Regional 1 serán juzgados por secuestro y asesinato de tres militante de la Juventud Peronista en 1976.

Por la causa serán juzgados por crímenes de lesa humanidad, los ex policías Pedro Nolasco Bustos (57), Jorge Vicente Worona (65) y José Filiberto Olivieri (65), ex integrantres del Comando Radioeléctrico de la Policía de la provincia.

Los imputados están acusados de formar parte del grupo de policías que detuvo y fusiló a los jóvenes estudiantes universitarios Ana María Villanueva, Jorge Manuel Diez y Juan Carlos Delfín Oliva, militantes de la JP, el 2 de junio de 1976.

Las audiencias se realizarán los días martes, miércoles y jueves, según dispuso el Tribunal. Durante la primera audiencia que tendrá lugar hoy, se procederá a la lectura de la acusación y del auto de elevación a juicio, en tanto que para mañana está previsto declaren 4 de los 10 testigos que pasarán por el juicio.

El tribunal que llevará a cabo el juicio quedó conformado por los jueces Fabian Asís, José María Perez Villalobo y Carlos Lascano.

Reclamo Se encadenó en la puerta de ingreso a las oficinas de AVEX


Se trata de Juan Ángel Heredia, quien fue despedido por estar agremiado a CTA, según dijo.
uan Ángel Heredia se encadenó en la puerta de las oficinas de AVEX, en Alberdi y Vélez Sarfield.

Heredia hace tres años que trabaja en la empresa y asegura que lo despidieron por ser vocal del sindicato de la carne adherido a la CTA.

En reclamo a la medida tomada por la empresa, Heredia se encadenó y dijo que se quedará en ese lugar hasta que la empresa lo reincorpore.

Según comentó el trabajador, ya son 8 los empleados despedidos por estar nucleados en la CTA y reclamar mejoras salariales y respeto por las normas de higiene y seguridad en la empresa.
Denuncian el octavo despido de la empresa Avex en menos de un año
Un empleado fue cesanteado en las últimas horas y decidió encadenarse frente a las oficinas de la firma, en Alberdi y Vélez SarsfieldUno de los gremios que representa a los trabajadores de la carne denunció el octavo despido de la firma Avex en menos de un año. Así lo confirmó Juan Coria, titular de la Asociación de Trabajadores de la Carne, Derivados y Afines (ATCDA).

Esta mañana fue cesanteado Juan Ángel Heredia (26) y determinó encadenarse en el ingreso a las oficinas que la firma posee en Alberdi y Vélez Sarsfield. "Un compañero nos confirmó que le comunicaron el despido, fuimos a buscarlo a la planta y él decidió atarse en las puertas de las oficinas", explicó Coria.

ATCDA atribuyó las resoluciones de la empresa a una "persecución sindical" que los afiliados a esa agrupación vienen padeciendo desde hace un año. "No aceptan (Avex) al gremio, aunque está inscripto en el Ministerio de Trabajo de la Nación", sostuvo el titular.

Juan Coria afirmó que Heredia es el octavo despedido. Se trata de uno de los empleados que al mismo tiempo se desempeñaba como vocal de la Asociación de Trabajores de la Carne. Coria recordó que él fue el primer cesanteado por las diferencias sindicales. Esa medida había sido adoptada el 23 de febrero de 2011. "Otros compañeros fueron despedidos en octubre del año pasado y con el de ahora son ocho en total", indicó.

Diferencias con el Sindicato de la Carne

En declaraciones a Puntal.com.ar, Coria volvió a establecer diferencias entre su gremio -enrolado en CTA- y el Sindicato de la Carne -integrante de CGT-.

"Al principio la empresa (Avex) nos ayudó con fondos, pero el Sindicato de la Carne puso condiciones para la desafiliación de los trabajadores y comenzaron los problemas", manifestó el titular de ATCDA.

"Acá el Sindicato de la Carne está a favor de la empresa y nosotros defendemos los derechos de los trabajadores", concluyó.

Por su parte, el Sindicato de la Carne envió un comunicado a la prensa, señalando que Juan Heredia no pertenece a su entidad. "Es integrante del grupo de personas que ha interrumpido en varias ocasiones la tarea de los trabajadores en la planta de Avex, manifestando ser integrante de un gremio no reconocido", replicó.


No a la ley antiterrorista Una ley contra el pueblo


El conjunto de organizaciones que participaron de la movilización consensuaron un documento donde dejan en claro los motivos del repudio y rechazo a la ley “antiterrorista”, que amplía groseramente el campo de criminalización de la protesta llevada adelante por la ley 26.268 sancionada en el año 2007 y que tipificaba los delitos de “asociación ilícita terrorista” y “financiación del terrorismo”.

"Cabe recordar que en el año 2007 se sancionó la ley 26.268, incorporando al Código Penal los artículos 213 ter y 213 quater. El primero de ellos tipificaba como delito la “asociación ilícita terrorista” y el segundo sancionaba el “financiamiento del terrorismo”.

"En este sentido, no es menor que hasta hoy no se ha podido definir jurídicamente qué se entiende por “terrorismo” y esto no es casual si tenemos en cuenta que siempre se ha utilizado este calificativo para demonizar al opositor político, para justificar su persecución y su eliminación. Además, actualmente existen claros intereses políticos por parte del imperialismo norteamericano y sus socios en utilizar el calificativo de “terrorista” para perseguir a quienes se oponen, de diferentes formas y en diferentes lugares, a su política. Aplicando estas leyes en Chile los mapuches y en Perú los docentes, son procesados y encarcelados como “terroristas”. En Irak y Afganistan los “Terroristas” son lo que resisten la invasión de los EEUU y sus socios.

La nueva ley que fuera enviada al Parlamento por Cristina Fernández de Kirchner

"La nueva ley impulsada por la Presidenta modifica la ley 26.268, pero al mismo tiempo establece una legislación “antiterrorista” cuyos alcances son mucho mayores y que permite la aplicación lisa y llana de penas altísimas a cualquier tipo de organización o individuos que cuestione y se oponga a las políticas estatales, de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales, abriendo la puerta de una potestad represiva del Estado mucho mayor que la conocida hasta ahora desde el año 1983.

"Específicamente incorpora al Código Penal el art. 41 quinquies, que establece lo siguiente: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala.”

"No es difícil imaginar la facilidad con la que se puede aplicar esta figura si tenemos en cuenta los miles de compañeros judicializados y procesados por luchar, y las campañas mediáticas que demonizan la protesta.

"A partir de ahora cualquier tipo de protesta que lleve adelante acciones reivindicativas que tengan por objeto intentar que el Estado Nacional (a través de cualquiera de sus funcionarios públicos, ministros, secretarios, comisarios etc,) gobiernos extranjeros o agentes de organismos internacionales realicen un acto o se abstengan de hacerlo, queda abarcada por esta ley. De esta manera esta ley posibilita calificar de terrorista casi cualquier acción de protesta o lucha, incrementando al doble el mínimo y el máximo de las escalas penales de los delitos que se trate, convirtiendo en la práctica cualquier acusación penal, en el marco de la protesta social, en la posibilidad concreta de privar de la libertad a los luchadores acusados. Si esta ley hubiera sido aprobada hace unos años, hoy podríamos tener en las cárceles a cientos de militantes y activistas, que hoy se encuentran procesados.

"La ley agrega al Código Penal como art. 306 la figura de “financiación del terrorismo”, que castiga explícitamente el hecho de colaborar económicamente directa o indirectamente con cualquier organización o persona que vaya a cometer hechos con la finalidad de obligar a la autoridad a realizar o abstenerse de realizar un acto. La consecuencia directa de esto es que se puede criminalizar o perseguir cualquier campaña de solidaridad con cualquier preso político al que se le haya aplicado el agravante de terrorismo. A la luz de esta nueva legislación todos los que colaboraran económicamente con estas campañas deberían enfrentar penas privativas de libertad de entre 5 y 15 años.

"Asimismo resulta gravísimo que la ley, en su art. 6º, autoriza a la UIF – Unidad de Información Financiera que depende del Poder Ejecutivo a que mediante una simple disposición administrativa proceda al congelamiento de activos vinculados a las “acciones delictivas previstas”. Ya no se requerirá una decisión judicial, si no una simple comunicación al juez de turno una vez que la medida se efectivizó.

Contexto en el cual se enmarca la sanción de la ley antiterrorista.

"El peligro que entraña esta legislación debe medirse asimismo con referencia al contexto en el cual se sanciona. En los últimos 8 años la criminalización de la protesta social se ha profundizado al punto tal que no existe lucha obrera, estudiantil, ambiental, social o política que no tenga como consecuencia la apertura de una causa penal contra los militantes más visibles de cada momento. No podemos olvidar la querella penal que inició Cristina Fernández de Kirchner contra los asambleístas de Gualeguaychú a quienes acusó por el delito de sedición, atentado contra el orden democrático, más otros 12 delitos que contemplan prisión efectiva. Tampoco podemos olvidar que en la causa penal iniciada el 23 de diciembre contra los tercerizados del Roca y ferroviarios de la oposición (detenidos en su momento y luego liberados); se los acusa no sólo por corte de vías sino también por extorsión al Ministro de Transporte Schiavi. Ambos ejemplos quedarían abarcados en los agravantes de esta ley de producirse su vigencia. Mucho menos podemos pasar por alto las declaraciones de la Presidenta cuando califica los reclamos de los trabajadores como extorsivos.

"A esta política nacional de criminalizar la protesta, se ha sumado la utilización de patotas contra quienes luchan como ocurrió en el Hospital Francés, en el Indec, en la Legislatura contra los maestros, y en las luchas de los tercerizados del Ferrocarril Roca en la cual fue asesinado Mariano Ferreyra, por citar sólo algunos ejemplos. Por otra parte la represión directa ha crecido exponencialmente tanto en cantidad como en brutalidad. Basta recordar la represión policial a los trabajadores de Kraft en el 2009, la represión a la comunidad qom en la colonia La Primavera en Formosa en la cual fue asesinado Roberto López y en otro hecho el mismo día Mario López, la represión en el Parque Indoamericano que dejó un saldo de tres asesinados (Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri), la represión en Libertador San Martín en Jujuy en la cual fueron asesinadas cuatro personas (Ariel Farfán, Juan José Velázquez, Félix Reyes y Alejandro Farfán (Libertador- Jujuy) y el asesinato a sangre fría de Cristian Ferreira en Santiago del Estero. Este año el asesinato el 1 de enero de los jóvenes militantes del Frente Popular Darío Santillán de Rosario Jeremías Trasante, Adrián Rodríguez y Claudio Suárez, como el desalojo en forma brutal en más de 1000 hectáreas de familias de la comunidad Qom en el Chaco, demuestra hasta donde pueden llegar las políticas represivas y el por qué de éstas.

"Algunos sectores han argumentado que esta ley motiva su aplicación en los lamentables atentados en la Embajada de Israel y AMIA, pero la impunidad de ambos atentados no se debe a las disposiciones actuales del código penal sino al encubrimiento estatal orquestado desde el mismo momento en que se efectuaron.

La ley ya se aplica

"A un mes y medio de su puesta en vigencia la Ley ya está siendo aplicada. Pueblos de La Rioja, Catamarca y Tucumán se han levantado contra la explotación minera a cielo abierto que contamina y mata. Esas acciones de los pobladores de Famatina, Chilecito, Santa María, Belen, Tinogasta, Andalgalá en defensa del medio ambiente, de la vida, sólo han recibido como única respuesta del gobierno nacional, los gobiernos provincialas y la justicia, la represión.

"Arrestos y detenciones sin orden judicial, patotas financiadas por las empresas mineras y con “permiso” de las Policías provinciales y de la Justicia tanto federal como provincial, amenazas con la aplicación de la ley antiterrorista forman parte del arsenal de medidas represivas. En este punto es importante señalar que todos somos parte de la lucha contra las mineras que condenan a la muerte a poblaciones enteras.

Una ley contra el pueblo

"Debe destacarse que esta ley es promovida por el gobierno nacional (como también lo fue la sanción de la ley 26.268) a pedido del Departamento de Estado de los Estados Unidos a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y se enmarca en la sanción y aplicación de Legislaciones Antiterroristas a nivel continental para la persecución y criminalización de la lucha social.

"Esta ley no está pensada ni sancionada en pos de resolver ninguno de los problemas que enfrenta el pueblo argentino. Tampoco está destinada a impedir que se produzcan atentados contra el pueblo argentino ni a lograr el esclarecimiento de los ya perpetrados contra la AMIA y la Embajada de Israel. Hay que dejar bien en claro que no es necesaria la sanción de ninguna legislación especial para hacer justicia y resolver estos atentados contra el pueblo argentino.

"Las leyes antiterroristas son un elemento fundamental para generar disuasión, miedo y rotura de los lazos sociales entre los más decididos luchadores que llevan adelante políticas reivindicativas o reclamos sociales y el resto del entramado social. La posible privación de libertad por un lapso prolongado, el ser calificado de “terrorista”, el ser perseguido con saña por el aparato estatal, el ser demonizado por los medios de comunicación, generan miedo. En realidad, la Ley Antiterrorista provoca terror y constituye una herramienta de persecución estatal a la lucha tanto en el plano jurídico como simbólico.

"Por estos fundamentos repudiamos la sanción de la ley antiterrorista y exigimos su derogación y la de la ley 26.268, y demás leyes represivas y llamamos a toda la población a manifestarse y movilizarse en contra de esta legislación represiva y antipopular, en defensa de las más amplias libertades públicas por las que el pueblo argentino luchó y seguirá luchando" firmaron el documento las siguientes organizaciones: Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Corriente Clasista y Combativa, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Federación Universitaria de Buenos Aires, APEL, CEPRODH, CADHU CADEP, LIBERPUEBLO, Frente Dario Santillan-COMPA, CORRIENTE NACIONAL POR LA UNIDAD POPULAR, MST, PCR, PROYECTO SUR, LIBRES DEL SUR, OLP, PRML, CUBA-MTR, PTS, PO, Nuevo MAS PSTU y otras organizaciones.

Córdoba Se intensifican protestas en los hospitales


Intensifican protestas en el Urgencias y en el Hospital Córdoba. Desde el nosocomio municipal, los trabajadores anunciaron que no entregan turnos por "falta de personal" y "precarización laboral". En el hospital provincial, los empleados realizaron ayer una Jornada de Protesta en reclamo de un aumento salarial. La protesta seguirá el jueves 23, con una Marcha de Salud que partirá a las 11 de Colón y General Paz.
Sigue el conflicto de los trabajadores de la Salud en el Hospital de Urgencias y el Hospital Córdoba en reclamo de un aumento salarial, la incorporación de personal y mejoras en las condiciones laborales.

En el primer nosocomio, no se van a entregar turnos porque la falta de personal es insostenible y veremos los pasos a seguir”, dijo Diego Bracamonte.

La medida se concreta pese al llamado a concurso anunciado por el intendente Ramón Mestre para cubrir cargos en dicho nosocomio.

En tanto, los médicos del Hospital Córdoba llevan a cabo una Jornada de Protesta, en el marco del paro por tiempo indeterminado que iniciaron en septiembre ante la falta de respuestas del gobierno provincial a las demandas salariales.

"Queremos demostrarle al Gobierno la unidad en acción que tenemos los trabajadores de la Salud y que no somos pocos", dijo una de las voceras del grupo.

La protesta, que fue aprobada por un plenario de delegados de la UTS- FESPROSA, seguirá el jueves 23, con una Marcha de Salud que partirá a las 11 de Colón y General Paz.

lunes, 13 de febrero de 2012

Masiva conferencia de prensa en la CTA Todos al Congreso para exigir la derogación de la Ley Antiterrorista

Con la presencia de todas las organizaciones sindicales, sociales, políticas y de Derechos Humanos que marcharon junto a la CTA el 29 de diciembre pasado para exigir la anulación de la Ley, este lunes 13 se volvieron a reunir en la sede de la Central para convocar a una nueva movilización que tendrá lugar el miércoles 15 a las 17 horas en Avenida de Mayo y Nueve de Julio para marchar hacia el Congreso Nacional.

“El planteo es el mismo que el del 29 de diciembre: pedimos la derogación de esa ley que no es más que la profundización de la criminalización de la protesta social justo cuando se habla de soberanía (por el tema de las Islas Malvinas). Vamos a estar en la calle las veces que sea necesario para que la ley sea derogada”, dijo en la apertura de la conferencia de prensa Ricardo Peidro, secretario adjunto de la Central.

“En un año 18 compañeros fueron asesinados en todo el país. Hoy la ley está siendo aplicada con la represión en Tinogasta; hay una creciente privatización de la represión”, enmarcó Peidro la razón de la marcha.

A su lado, Victoria Donda, diputada por Libres del Sur en el Frente Amplio Progresista (FAP), tomó la palabra: “Vamos a presentar el proyecto de derogación de la ley, una ley que fue sancionada para perseguir a los luchadores sociales: ya fue aplicada a los compañeros que luchan por sus vidas y las nuestras en Catamarca. Queremos defender la soberanía de las Malvinas pero también la de la Cordillera pero no queremos tener militarizadas nuestras provincias”.

“Es una vergüenza que en este momento la Presidenta esté avalando que Andalgalá esté cercada. Tendríamos que organizar una delegación de personalidades de la cultura, la política y los Derechos Humanos para romper el bloqueo”, dijo Vilma Ripoll en su intervención. Amancay Ardura, integrante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) agregó que la jornada será nacional: “en todo el país, se movilizarán a los juzgados provinciales para exigir que no se aplique la ley”.

Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero dijo que el llamado es a todos los ciudadanos: “salimos a defender el derecho a luchar”. A su lado, Liliana Kordón de LiberPueblo añadió: “la Ley Antiterrorista pretende legitimar la escalada represiva. Denunciamos también a la megaminería y a la zona liberada que permite el Gobierno; le exigimos que termine esta escalada represiva”.

Antes de finalizar la conferencia, el secretario de Formación de la CTA y diputado nacional por Proyecto Sur, Jorge Cardelli dijo: “Venimos denunciando hace años a la megaminería; adherimos fehacientemente a esta convocatoria”. Liliana Parada, diputada de Unión Popular en el FAP, compartió que también está trabajando en su derogación pero agregó que la mejor forma de exigir su anulación es “como lo están haciendo ustedes: en la calle”.

El secretario de Derechos Humanos de la Central, Hugo Blasco cerró la conferencia con la claridad y la firmeza que lo caracteriza: “Aquí hay una manifestación unánime para derogar la Ley. A pesar de los matices, estamos convencidos de que depende de nuestra fuerza poder revertir esta situación represiva. Convocamos a los trabajadores, a los militantes, a los delegados, a todo el pueblo a marchar el miércoles porque nos va la suerte a todos. Cuando el poder golpea no mira a quién”.

Además de quienes tomaron la palabra, también estuvieron respaldando la convocatoria, entre otros, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario adjunto de ATE Nacional, José Matassa, secretario general de ATE Capital Federal, Daniel Jorajuría, secretario Gremial de la CTA, Julio Ortellado, Director de Organización de la Central, Jorge yabcowski, presidente de la FESPROSA e integrante de la Mesa Nacional de la CTA, Guillermo Pacagnini, de la CICOP y miembro de la Mesa Nacional de la Central, Julio Macera, secretario adjunto de CTA Capital, Ana Laura Lastra del PTS, Enrique Fukman, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos e Ignacio Kostzer, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires.

La CTA organiza una muestra referida a la niñez y juventud

Recital en Río Cuarto organizado por la CTA