domingo, 28 de febrero de 2010

Plenario Malonero


El pasado Sábado 27 de Febrero se llevó adelante el primer plenario del año de la Organización Territorial Malón de la CTA. El mismo se realizó en el local de ATE ubicado en la calle Belgrano, esquina San Lorenzo. Al mismo asistieron compañeros militantes con el objetivo de comenzar a organizar el campamento que a medidados de Marzo se hará en las sierras junto a todos los Maloneros de Río Cuarto y los de Córdoba Capital. Además se hizo un balance sobre el año intenso que pasó y sobre la necesidad de estar organizados en este 2010 para seguir creciendo y aportando a la CTA y al proceso de cambio que implica la Constituyente Social.
El espacio local de la Constituyente ya comenzó a reunirse, todos los lunes a las 20 Hs. en el local de la CTA que se encuentra en la calle Sebastián Vera y 9 de Julio, allí diversas organizaciones locales buscamos ejes de coincidencia para empezar a construir el país que tanto anhelamos.
Por eso este lunes 1 de Marzo te esperamos para discutir sobre la vergüenza que es la Policía de la Provincia y su accionar, tantas veces denunciado por agrupaciones sociales de nuestra ciudad.

Libertad y democracia sindical. La OIT viene a la Argentina a rever el modelo


La Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) formuló 87 observaciones en los que consideró necesario prestar "asistencia técnica" a la Argentina para que se pueda garantizar en el país la libertad sindical. En un informe que se dio a conocer esta semana, el máximo organismo en materia laboral de las Naciones Unidas tomó nota del fallo de la Corte Suprmema de la causa ATE c/Ministerio de Trabajo sobre libertad sindical y recomendó al Gobierno revisar la legislación en materia de libertad sindical "y que comunique una memoria detallada sobre el tema" durante este año.
El informe reitera que la Central de Trabajadores de la Argentina viene reclamando desde 2004 (sin éxito) su incripción como central gremial de tercer grado con personería gremial. "La Comisión lamenta una vez más el largo tiempo transcurrido -más de cinco años sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado en relación con el pedido de personería gremial de la CTA", agregó el informe. Y reclamó al Gobierno la derogación del Artículo 41, inciso A de la ley 23.551, que restringe la libertad sindical.

El informe anticipa el tono de delegacíon de la misma Comisión de Expertos, que en mayo visitará por primera vez la Argentina, proveniente de Ginebra. Lo hará como respuesta de un pedido de "asistencia técnica" que le hizo el gobierno Nacional.La decisión, a pesar de que partió de un pedido oficial, fue particulamente festejada por los expertos de la CTA. "Por primera vez una comisión de la OIT podrá ver in situ la falta concreta de afiliación que tienen los trabajadores", dijo José Rigane, de la CTA. La comisión de la OIT mantendrá durante el otoño reuniones con integrantes del Poder Ejecutivo, pero también con legisladores, jueces y los integrantes de las dos centrales sindicales en pugna: la CTG (única con personería gremial) y la CTA.

Con la invitación a los expertos, la administración de Cristina Fernández intentará evitar en junio una nueva objeción de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en los últimos años reclamó la apertura del modelo sindical argentino.

Un informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, publicado ayer en la página del organismo, dio a conocer la invitación del Gobierno a la misión técnica. El jefe del departamento legal de la CTA, Horacio Meguira, confirmó que la delegación llegará en mayo próximo, lo que a su juicio implica “un reconocimiento de que la Argentina debe adaptar su legislación” al convenio 87 del organismo internacional, que establece los criterios de libertad sindical que deben cumplir sus países miembros.

El modelo vigente se convirtió en una encerrona para el Gobierno. Al pedido de personería gremial presentado por la CTA en agosto de 2004, y nunca resuelto, se le sumaron el año pasado dos fallos de la Corte que declararon inconstitucionales sendos artículos de la Ley 23.551, de Asociaciones Sindicales, y los reiterados señalamientos en la misma línea por parte de la OIT. Pero al mismo tiempo el Ejecutivo debió afrontar numerosas amenazas de la CGT para evitar una modificación en la legislación sindical. El jefe de la central obrera mayoritaria, Hugo Moyano, es en la actualidad el principal sostén político de Cristina Fernández.

El informe de los expertos de la OIT fue considerado como “un avance muy importante” por el secretario de Organización de la CTA, José Rigane, que integra la comitiva de esa central obrera que cada año viaja a Suiza para participar de la conferencia anual del organismo internacional.

“El Gobierno se vio en la obligación de pedirle asistencia técnica a la OIT, lo mismo que el organismo ofreció muchas veces y nunca se le aceptó. La misión que vendrá en mayo podrá pedir opiniones a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y también a los actores sociales, tanto la CGT como la CTA y el empresariado o las universidades. Es un hecho inédito en la Argentina respecto de la libertad y democracia sindical”, agregó el dirigente.

Los especialistas del campo laboral coincidieron en que la llegada de la misión técnica será utilizada por el Gobierno como argumento para evitar un dolor de cabeza diplomático en la próxima conferencia de la OIT, en junio. La tesis oficial es que de ese modo la Argentina quedará excluida del listado de países que incumplen la normativa internacional. Pero al mismo tiempo, el trabajo de los expertos obligará a los funcionarios a fijar plazos concretos para avanzar en los criterios de libertad sindical que plantea el organismo.

La Ley de Asociaciones Sindicales, resquebrajada por los fallos de la Corte, prevé la existencia de una sola organización gremial por actividad, una lógica que se extiende al monopolio de representación de la CGT contra las pretensiones de la CTA. Y establece que la única forma de reemplazar ese monopolio es a través de una compulsa de los afiliados.

jueves, 11 de febrero de 2010

LIBERTAD Y DEMOCRACIA SINDICAL

Avanzada de ATE en la Universidad: el rector le autorizó la cuota sindical
Con­se­gui­do el có­di­go de des­cuen­to, aho­ra quie­ren las li­cen­cias gre­mia­les pa­ra los de­le­ga­dos y la par­ti­ci­pa­ción en las pa­ri­ta­rias

Des­pués de in­sis­tir du­ran­te ca­si un año, los tra­ba­ja­do­res uni­ver­si­ta­rios afi­lia­dos a la Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­res del Es­ta­do (ATE-CTA) con­si­guie­ron que el rec­tor Os­car Spa­da au­to­ri­za­ra la re­ten­ción de la cuo­ta sin­di­cal de sus sa­la­rios. Los di­ri­gen­tes aho­ra di­cen que irán por más: exi­gen re­co­no­ci­mien­to pa­ra sus de­le­ga­dos gre­mia­les y pi­den que les abran una pa­ri­ta­ria pa­ra­le­la a la que ac­tual­men­te vie­ne pro­ta­go­ni­zan­do el gre­mio no do­cen­te ATURC, que res­pon­de a la CGT de Hu­go Mo­ya­no.
La re­so­lu­ción rec­to­ral, que lle­va las fir­mas del rec­tor Os­car Spa­da y del se­cre­ta­rio ge­ne­ral Ar­man­do Be­ce­rra, in­di­ca la de­ci­sión de “au­to­ri­zar a la Di­rec­ción de Re­cur­sos Hu­ma­nos de la Uni­ver­si­dad a ha­bi­li­tar un có­di­go de re­ten­ción -el 935- y, en con­se­cuen­cia, prac­ti­que la im­ple­men­ta­ción del des­cuen­to del 2.20 por cien­to co­rres­pon­dien­te a la cuo­ta sin­di­cal, so­bre los ha­be­res del per­so­nal no do­cen­te de es­ta Uni­ver­si­dad afi­lia­do a la Aso­cia­ción Tra­ba­ja­do­res del Es­ta­do (ATE)”, aun­que en un se­gun­do ar­tí­cu­lo des­ta­ca que “no im­pli­ca a fa­vor de ATE nin­gún re­co­no­ci­mien­to de re­pre­sen­ta­ti­vi­dad gre­mial en el ám­bi­to de es­ta Uni­ver­si­dad”.
Sin em­bar­go, es­ta ad­mi­sión ins­ti­tu­cio­nal de un nue­vo sec­tor sin­di­cal en la Uni­ver­si­dad es un nue­vo re­vés pa­ra el gre­mio que con­du­jo du­ran­te diez pe­río­dos con­se­cu­ti­vos -30 años- Nel­so Fa­ri­na, quien si­gue sien­do el se­cre­ta­rio ge­ne­ral de la FA­TUN -Fe­de­ra­ción Na­cio­nal de los Tra­ba­ja­do­res de Universidades Nacionales-, car­go que ocu­pa des­de ha­ce 24 años. Aho­ra con­vi­ven en la Uni­ver­si­dad dos gre­mios que re­pre­sen­tan a los no do­cen­tes.
La de­ci­sión del rec­tor lle­gó des­pués de que el ofi­cia­lis­mo del gre­mio no do­cen­te lo­gra­ra a ga­tas por sie­te vo­tos re­te­ner la con­duc­ción, que aho­ra es­tá en ma­nos de Eduar­do Te­llo y lo tie­ne a Fa­ri­na co­mo pri­mer con­gre­sal na­cio­nal.
Si bien el des­cuen­to de la cuo­ta sin­di­cal pa­ra los de ATE re­cién se co­men­zó a apli­car en el pri­mer mes de es­te año, la re­so­lu­ción rec­to­ral fue fir­ma­da el 19 de oc­tu­bre, un día an­tes de que los tra­ba­ja­do­res no do­cen­tes se opu­sie­ran a la acep­ta­ción de los fon­dos pro­ve­nien­tes de la mi­na ca­ta­mar­que­ña La Alum­bre­ra, y 25 des­pués de que fren­te al in­ten­to de lla­mar a asam­blea uni­ver­si­ta­ria por par­te del rec­tor pa­ra ter­mi­nar la re­for­ma del es­ta­tu­to, la re­pre­sen­tan­te no do­cen­te, jun­to con los es­tu­dian­tes, aban­do­na­ran el re­cin­to del Con­se­jo Su­pe­rior, acom­pa­ña­dos por un nu­tri­do gru­po de ma­ni­fes­tan­tes com­pues­to por tra­ba­ja­do­res y es­tu­dian­tes, que a vi­va voz re­cla­ma­ron por “la de­mo­cra­ti­za­ción uni­ver­si­ta­ria” y la mo­di­fi­ca­ción en los por­cen­ta­jes de re­pre­sen­ta­ción que le co­rres­pon­den a los claus­tros.
La trein­te­na de afi­lia­dos que hoy tie­ne ATE en la Uni­ver­si­dad res­pon­den a la Agru­pa­ción Pe­co Duar­te -nom­bre de un em­plea­do de la ca­sa de es­tu­dios de­sa­pa­re­ci­do por la dic­ta­du­ra mi­li­tar-, que se con­for­mó a fi­nes de oc­tu­bre de 2007, co­mo un nue­vo es­pa­cio po­lí­ti­co sin­di­cal que ger­mi­nó al ca­lor de la dis­con­for­mi­dad con el reen­ca­si­lla­mien­to no do­cen­te.
Hoy el gre­mio ma­yo­ri­ta­rio cuen­ta con 370 afi­lia­dos ac­ti­vos, so­bre un to­tal de 510 tra­ba­ja­do­res. Y los re­pre­sen­tan­tes de ATE di­cen que aho­ra con el des­cuen­to por pla­ni­lla sal­drán a la ca­za de nue­vos afi­lia­dos, con la mi­ra pues­ta en los de­si­lu­sio­na­dos de ATURC.
“El rec­tor hi­zo lo que te­nía que ha­cer”
Adrián Áva­los, se­cre­ta­rio de Or­ga­ni­za­ción de ATE, di­jo: “Rea­fir­ma­mos la au­to­no­mía y, sin es­tar exen­tos de las co­yun­tu­ras den­tro de la Uni­ver­si­dad, no que­re­mos de­pen­der de si Spa­da se lle­va bien o no con Fa­ri­na o con Te­llo. No pue­de ser que dos o tres de­fi­nan el des­ti­no de los tra­ba­ja­do­res, hay que re­be­lar­se con­tra esas co­sas. Es­ta vez, el rec­tor hi­zo lo que te­nía que ha­cer”. Y agre­gó: “En mu­chas uni­ver­si­da­des, ATE ya tie­ne re­co­no­ci­mien­to y se ha for­ma­do una me­sa na­cio­nal, en la que Río Cuar­to tie­ne un re­pre­sen­tan­te. Que­re­mos un re­co­no­ci­mien­to real”.
Fer­nan­do Más, de­le­ga­do de la Uni­ver­si­dad en ATE, con­si­de­ró: “Tu­vi­mos que es­pe­rar ca­si una año pa­ra que nos hi­cie­ran el des­cuen­to. Pe­ro he­mos con­se­gui­do un re­co­no­ci­mien­to. Hoy los tra­ba­ja­do­res pue­den de­ci­dir en qué gre­mio quie­ren es­tar. Y va­mos a se­guir lu­chan­do, va­mos a ir por las pa­ri­ta­rias y a exi­gir par­ti­ci­par de los con­cur­sos, lo cual va a ser un re­co­no­ci­mien­to más am­plio”.
“El rec­tor to­mó una de­ci­sión acer­ta­da, por­que en el país se es­tá im­po­nien­do la li­ber­tad sin­di­cal. Es­ta­rá en la con­cien­cia de él si nos lo ha da­do por re­pren­der a los otros o no. Lo cier­to es que es­to es un lo­gro nues­tro, pa­ra lo cual ve­ni­mos pre­sio­nan­do des­de ha­ce un año”.
“Lo prin­ci­pal es la lu­cha por la re­com­po­si­ción sa­la­rial, la gran ma­yo­ría ga­na mu­cho me­nos que la ca­nas­ta bá­si­ca de 4.400 pe­sos, el suel­do de la ca­te­go­ría más ba­ja no su­pe­ra los 2 mil y pi­co de pe­sos. Y va­mos a in­sis­tir con la se­gu­ri­dad la­bo­ral y con que se cum­pla con los or­ga­ni­gra­mas que hoy no se res­pe­tan”.
Sil­va­na Geu­na, se­cre­ta­ria de pren­sa de ATE, sos­tu­vo: “Hoy la CTA co­mo he­rra­mien­ta de cons­truc­ción de una po­lí­ti­ca sin­di­cal es su­pe­ra­do­ra res­pec­to de la CGT. Y en la Uni­ver­si­dad he­mos da­do un pa­so im­por­tan­te en la cons­truc­ción de una he­rra­mien­ta de po­der di­fe­ren­te. La gen­te en la me­di­da que vea que hay co­he­ren­cia irá acom­pa­ñan­do”.
Pre­sión
El año pa­sa­do, los im­pul­so­res de ATE en la Uni­ver­si­dad hi­cie­ron dos rui­do­sas mo­vi­li­za­cio­nes en el cam­pus y un pa­ro de 24 ho­ras en el co­me­dor pa­ra evi­tar nue­vas con­tra­ta­cio­nes. Una fue en abril, cuan­do re­cla­ma­ron au­men­to sa­la­rial, ju­bi­la­ción del 82% mó­vil, blan­queo de sa­la­rios y se­gu­ri­dad la­bo­ral, opor­tu­ni­dad en la que los ma­ni­fes­tan­tes ex­hi­bie­ron en gran­des afi­ches los re­ci­bos de suel­dos, se­gún los cua­les: un no do­cen­te ca­te­go­ría cua­tro -de un es­ca­la­fón de sie­te -, con 15 años de an­ti­güe­dad su­ma un to­tal de ha­be­res de 3.338,79 pe­sos, de los que apli­ca­dos los des­cuen­tos de apor­tes ju­bi­la­to­rios, se­gu­ro de vi­da y obra so­cial, re­sul­ta un suel­do de bol­si­llo de 2.728,01 pe­sos; un em­plea­do de la ca­te­go­ría más ba­ja -sie­te-, con nue­ve años de an­ti­güe­dad tie­ne un to­tal de ha­be­res de 2.603,31 pe­sos, que apli­ca­dos los mis­mos des­cuen­tos, se tra­du­cen en 2.124,92 pe­sos de bol­si­llo; y un ju­bi­la­do no do­cen­te de ca­te­go­ría cin­co del ré­gi­men la­bo­ral an­te­rior, es­ta­ble­ci­do por el de­cre­to 2213 -es­ca­la­fón de on­ce ca­te­go­rías- co­bra de bol­si­llo 808,96 pe­sos. La otra pro­tes­ta tu­vo lu­gar en agos­to y exi­gie­ron la li­ber­tad de agre­mia­ción, ade­más del su­ple­men­to por ries­go la­bo­ral, me­jo­res con­di­cio­nes de tra­ba­jo, la re­cu­pe­ra­ción de la an­ti­güe­dad del 3 por cien­to por año tra­ba­ja­do y el ce­se de la rea­li­za­ción de con­tra­tos pa­ra la co­ber­tu­ra de car­gos no do­cen­tes.

Fuente: Diario Puntal


En defensa propia

Los factores de poder discuten en la Argentina de hoy en día si la deuda externa será pagada con las reservas del Banco Central o a través de partidas del Presupuesto Nacional. En cualquiera de los dos casos, el pueblo es el pato de la boda.




Secretario de Comunicación y Difusión de la CTA.

La cuestión no pasa por pagar la deuda externa con reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) o con políticas de ajuste sino por emprender una auditoría de la deuda externa para distinguir lo legal de lo ilegal, lo legítimo de lo ilegítimo y, mientras tanto, priorizar definitivamente la enorme deuda social.

Los excedentes de la Renta Nacional depositados en el BCRA deben servir para promover el desarrollo económico con equidad social en lugar de seguir saciando la codicia de los "fondos buitres". En cuanto a los gurúes de la restauración neoliberal, deberían tener muy en cuenta que después de la rebelión de diciembre de 2001 nuestro pueblo no va a tolerar ningún ajuste.

Desde la dictadura militar hasta nuestros días, los que gobiernan se llenan la boca afirmando que el país “va a honrar los compromisos contraídos con nuestros acreedores” para garantizar la “seguridad jurídica” de los inversionistas. Pretenden imponer la idea de que es políticamente correcto recaudar recursos internos para pagar las deudas contraídas con el exterior. Abonan la teoría del “Estado bobo”, que siempre tiene que pagar sin importar los motivos, sin discutir, informar, ni buscar responsabilidades.

La deuda externa de los países de América Latina y el Tercer Mundo está catalogada de odiosa e ilegítima precisamente porque sus pueblos no saben cómo, porqué y con quiénes se contrajeron esos compromisos que, para el destino de nuestras naciones, es algo así como arrojarse al mar con botas de cemento. Un suicidio.

Lo primero que hay que honrar es la mayúscula e inmoral deuda interna, para que la mayoría de la población pueda zafar del cepo de indignidad al que es sometida por los grupos de poder que siguen medrando con la expoliación de nuestras riquezas y la fuga de capitales.

En 1975, durante el gobierno de María Estela de Perón, la deuda externa ascendía a 7.800 millones de dólares, cifra que trepó a 45.100 millones al retirarse la dictadura militar en 1983. Al finalizar el primer turno de gobierno democrático de Raúl Alfonsín la deuda era de 65.300 millones de dólares; al cabo de dos períodos de Carlos Menem, en 1999, se situaba en 120.000 millones y Fernando De la Rúa la incrementó en 2001 a 146.219 millones de dólares.

Aunque no existen datos oficiales fiables, puede aseverarse con alguna certeza que pese al pago al contado de casi 10 mil millones de dólares al FMI realizado en enero de 2006 por la administración de Néstor Kirchner, se calcula que en la actualidad, durante el mandato de Cristina Fernández, el nivel de endeudamiento supera los 180.000 mil millones de dólares.

Alejandro Olmos –un patriota olvidado- inició la causa sobre la Deuda Externa en 1982 y el trámite judicial demoró 18 años. Recién en el 2000 el juez Jorge Ballesteros emitió un fallo donde plantea la ilicitud de la deuda y habla de la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional (FMI) en ese ilícito. No obstante, esa deuda se sigue pagando y refinanciando.

En los cajones del Congreso de la Nación duerme desde hace casi una década el instrumento jurídico que permite determinar la responsabilidad política de cada uno de los actores en los sucesos que provocaron el fenomenal endeudamiento externo argentino.

El juez Ballesteros declaró el archivo de la causa por la Deuda Externa y remitió copia al Congreso para que adopte las medidas que estime conducentes para la mejor solución en la negociación de la deuda externa de la Nación que “ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del Estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas".

La doctrina de la Deuda Odiosa fue inventada por los Estados Unidos en 1898, al finalizar la guerra con España por la isla de Cuba. Consiste en la inexigibilidad de las obligaciones que se contraen y pesan sobre el pueblo sin que las mismas hayan significado algún beneficio para éste.

Invocar la doctrina de la Deuda Odiosa es un arma jurídica y política de vital importancia para el pueblo argentino. La Deuda Externa fue una alquimia financiera que permitió que nada entrara realmente al país y que, a través del universo virtual de la cibernética, se pudieran transferir dólares a casas matrices o cuentas en el exterior.

El aumento incesante del endeudamiento externo no es ajeno al proceso de concentración y desnacionalización de la economía. La Deuda Externa contraída al margen del Congreso, la estatización de la deuda privada realizada por Cavallo durante la última dictadura militar y el persistente y puntual pago a los acreedores externos a costa del sacrificio del pueblo, ameritan separar la paja del trigo.

Argentina tiene que actuar en defensa propia: pagar lo que debe en buena ley y desconocer el endeudamiento ilegítimo e ilegal contraído a favor de los grupos económicos dominantes.

Crisis previsional

Ante el debate abierto respecto a la crisis crónica de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, hacemos público perspectiva sobre el problema que tiene en vilo a miles de jubilados provinciales, y que amenaza con pauperizar aun más que en la actualidad el ingreso de los trabajadores pasivos.




Secretaria General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) de Córdoba

A nuestro criterio, el debate debe girar alrededor de los siguientes ejes:

1) El gobierno de José Manuel De la Sota, junto a Juan Schiaretti, realizó 25mil jubilaciones anticipadas de trabajadores que se encontraban en plena etapa de continuar aportando al sistema, con la mayor capacitación y experiencia de cada área del Estado provincial. La medida tuvo como objetivo político beneficiar a contratados designados por el mismo gobierno, pasándolos a planta permanente, según promesas de campaña preelectoral.

2) En la actualidad el gobierno provincial paga, en promedio, 35% del salario en negro (sin aportes previsionales, ni al Apross). Esto significa que en la masa salarial total, que el Estado debería descontar a cada trabajador y aportar al sistema en términos de contribuciones patronales, el gobierno se ahorra 520 millones al año, ahorro contable que incide de forma determinante en la desfinanciación de la Caja de jubilaciones. Esta cifra surge del cálculo entre la masa salarial reconocida para el 2010, de donde debe calcularse el 27% de aportes previsionales al 30% que los trabajadores cobran de forma irregular.

3) No hay constancia del destino del Fondo Complementario, recursos que derivan del 7% del aporte de los trabajadores que el proceso de armonización estableció que serían depositados en una cuenta espacial. Hay denuncias judiciales al respecto que se tramitan en la Fiscalía Anticorrupción de la provincia. A la fecha se estiman en 3000 millones esos fondos que el gobierno no rinde cuenta y que podrían haber cubierto los déficit de la Caja los año precedente, así como en el futuro.

4) Los regímenes especiales (policial y penitenciario) no deberían formar parte del mismo sistema que el resto de la administración, en tanto cuentan con menos años de aportes y, por tanto, más años de cobro de jubilación o pensión.

5) En cuanto al déficit actual, calculado por el Interventor Osvaldo Giordano en 1170 millones de pesos, el Estado nacional se comprometió por convenio a cubrir alrededor de 800 millones de pesos anuales. La diferencia, que debe ser aportada por el Estado provincial según el mismo convenio, es de 370 millones. Si el gobierno de Schiaretti blanqueara la totalidad de la masa salarial, la Caja debería contar con los 520 que evita pagar actualmente. Por lo tanto, la Caja tendría un excedente de 150 millones anuales.

6) La intervención permanente de la Caja de Jubilaciones, de todos los gobiernos democráticos (ni hablar del período dictatorial), a pesar que la Constitución provincial establece claramente que la conducción del organismo debe estar integrada por representantes de los aportantes al sistema, ha impedido que los trabajadores fiscalicemos, discutamos y conozcamos a ciencia cierta el real estado contable y administrativo de la Caja de Jubilaciones.

Ante este estado de situación, exigimos que todo cambio del sistema se realice atendiendo previamente lo planteado arriba. Para ello es prioritario el fin de la intervención y el blanqueo salarial. De esta forma la institución cumplirá con la normativa vigente y podrá darle transparencia al manejo económico, financiero y contable de la entidad.

Por otro lado, vale señalar que el proyecto de armonización con el sistema previsional del Estado nacional sólo traerá mayores penurias a los jubilados provinciales, toda vez que las condiciones en que se jubilan los compañeros nacionales son peores a las que sufren sus pares de Córdoba; estas condiciones fueron impugnadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sucesivas resoluciones, como el conocido "Fallo Badaro".

Libertad y unidad sindical

Desde noviembre de 2008, a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sienta precedente respecto a la libertad y democracia sindical en la Argentina, se alzan voces denunciando al máximo tribunal de la República como promotor de la atomización sindical.




Secretario General de la CTA de la Provincia de Córdoba; Coordinador Nacional de la Constituyente Social

Dicen que atenta contra la unidad sindical, pero la historia del movimiento obrero argentino demuestra que hubo en distintos momentos históricos más de una central de trabajadores, desde la FORA a principios del siglo XX, hasta nuestros días.

Hoy, al margen de la resolución judicial, coexisten la CGT-Moyano, la CGT-Barrionuevo y la CTA. Quienes denuncian la tan mentada atomización a partir del fallo de la Corte para adelante, no asumen la atomización que ya vivimos.

Igualmente, a pesar de que en los años ‘70 existieron simultáneamente dos CGT a nivel nacional (la CGT ortodoxa y la combativa CGT de los Argentinos) se escribieron entonces las páginas más emblemáticas de las luchas populares: el Correntinazo, el Rosariazo, y el Cordobazo tan ligado a los nombres de Atilio López y Agustín Tosco, próceres del movimiento obrero cordobés y argentino.

No fue posible en esa lucha la unidad con la CGT ortodoxa de Córdoba, pero sería un error no reconocer la gran unidad de la CGT combativa y la clase trabajadora cordobesa.

Pero lo preocupante no se refiere a la atomización sino a la falta de representación gremial que sufren los trabajadores del país. Según datos oficiales, sólo 25 por ciento están sindicalizados y apenas 13 por ciento de los establecimientos laborales y sectores de trabajo tienen delegados; el 87 por ciento restante carece de representación porque el patrón no quiere, porque la dirigencia sindical burocratizada no convoca a elecciones de delegados, o porque los gobiernos no lo permiten.

En ese contexto, mientras hubo una sola CGT -entre finales de los ‘80 y principios de los ‘90-, se produjo la derrota en democracia más importante sufrida por los trabajadores. Nos congelaron el salario, nos despojaron de conquistas laborales, leyes protectoras del trabajo y bajaron los montos indemnizatorios, arrastrando a la mayoría de los trabajadores a la desocupación y al hambre. Simultáneamente, saquearon al país en su patrimonio, sus empresas y recursos.

Todos valoramos a la unidad como constructora de una fuerza organizada que deviene en poder de la clase trabajadora, pero no es juntando a cuatro burócratas como la vamos a conseguir, si no logramos por abajo darle contenido.

Lo cierto es que de aquí en más los delegados no dependerán del capricho de un patrón, de un gobierno o de un burócrata para organizarse. Que los pescadores y fileteros de Mar del Plata con su simple inscripción, tienen derechos a organizarse y a peticionar sin represión policial, que los repositores de Wal Mart no van a ser echados por elegir delegados, como tampoco los trabajadores de Ford.

Pero también sabemos que si las organizaciones sindicales y sus respectivas dirigencias ejercitan la democracia, la participación, la ética, que si toman la opinión de sus compañeros valorizando las asambleas y sus delegados, no habrá ley ni Corte Suprema capaz de atomizarlos y romperles la unidad.

La situación en Córdoba

Los intentos del Gobierno de la provincia por desconocer la libertad sindical en el Estado, chocaron el año pasado con la resolución 708/09 del Ministerio de Trabajo de la Nación. El 24 de agosto último, la cartera laboral estableció la aptitud de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) "para coexistir como entidad sindical, sin exclusión de su personería gremial en el ámbito público de la provincia de Córdoba".

De esta forma, el Ministerio hizo lugar al reclamo de nuestro sindicato en cuanto a la "elección de delegados, retención de la cuota sindical, en los términos de las leyes 23.551 y 24.642, y el ejercicio de la negociación colectiva", según expresó el documento firmado por el ministro Carlos Tomada.

Finalizada la discusión legal, el Gobierno provincial deberá demostrar su compromiso con la legislación y cumplir las condiciones para que los trabajadores estatales de Córdoba elijan libremente quien los represente.

martes, 9 de febrero de 2010

Barriales en breve

A pesar de las vacaciones, en el Centro Comunitario La Barriada, las actividades continuaron sin cesar. Tanto la copa de leche, que vió incrementado el número de familias que concurren (lo que nos delata que en sólo 15 días se duplicó la cifra, esto desmiente por completo las cifras del INDEC que nos habla de números irreales) dándonos la pauta de que las necesidades en el barrio siguen latentes y se deben a un estado ausente que no da respuestas ante la falta de trabajo, la pobreza y el hambre que sufren, principalmente, los sectores periféricos de la ciudad.
Además de nuestra copa, se continuó con la clases de guitarra que el compañero Jota lleva adelante con niños y jóvenes, siedo esta una actividad recreativa y de formación que colma nuestro querido salón de música y melodías. Por otra parte el Banco Popular de la Buena Fe no se detiene, ya son 30 prestatarias que están trabajando en sus emprendimientos productivos, y próximamente 15 compañeras más serán beneficiarias de este programa.
Finalmente largamos con las ferias de ropa...si si!!! este viernes 12 de Febrero a las 18 Hs. en la placita de La Barriada...el Malón avanza, a pesar del calor, las lluvias y la humedad, no detiene su marcha y sigue construyendo y militando.

Concurso del mundo laboral

“Sin presiones”

Historias del mundo laboral

Los trabajadores exteriorizan sus vivencias (a pesar de la patronal)



Organizado por:

Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente (ISLyMA)

Departamento de Salud Laboral del CISPREN (Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba)

Central de Trabajadores en la Argentina (CTA)- Regional Córdoba

De los participantes

1.- Podrán participar todas las personas que sean, hayan sido, serán o se sientan trabajadoras, de cualquier oficio o profesión, que desempeñen su actividad en nuestro país: trabajadores en relación de dependencia, autogestionados, informales (en negro), monotributistas, cooperativistas, jubilados, desocupados, etc.

2.- Podrán participar de este concurso trabajador/as de cualquier nacionalidad y sin límite de edad, con domicilio en la Argentina. Los menores de 21 años deberán adjuntar la correspondiente autorización de su padre, madre o tutor.

Temática y género

3.- La temática de los trabajos debe estar relacionada con las principales problemáticas que afecten la salud de los trabajadore/as, más allá de lo salarial, entendiendo a la salud como el completo estado de bienestar físico, psíquico y social.

4.- Se receptarán trabajos que respondan a cualquier género narrativo, con la condición de que sean relatos de no ficción. Sí, previa aclaración, puede haber datos personales que por cuestiones de seguridad no se consignen en el texto.

Condiciones generales

5.- Las obras deberán ser presentadas bajo seudónimo, no pudiendo constar firma o referencia alguna que facilite la identificación del o los autores.

Cada autor podrá presentar hasta 2 (dos) trabajos diferentes, siempre inéditos.

6.- Las obras deberán ser de la autoría de quien las presenta, pudiendo ésta ser compartida. Con su presentación, el concursante certifica la originalidad del trabajo, quedando bajo su exclusiva responsabilidad las consecuencias de cualquier reclamo posterior por motivo de plagio, calumnia, injuria o cualquier otra responsabilidad civil o penal derivada del daño a terceros motivado por el texto o por su publicación.

7.- El autor o los autores permite/n a los organizadores reproducir el material presentado total o parcialmente, sin cargo para su publicación y/ o exposición por los medios y formas que el Departamento de Salud Laboral del CISPREN y el ISLyMA consideren conveniente, sin derecho a retribución alguna. Las copias presentadas quedarán en poder de los organizadores.

8.- No podrán presentarse los integrantes de laS Comisiones Directivas del CISPREN y del ISLyMA así como tampoco los integrantes del Departamento de Salud Laboral del CISPREN.

9.- La inscripción al Concurso es libre y gratuita. La misma supone el conocimiento de las bases.

De las condiciones de recepción

10. Los trabajos deberán ser entregados personalmente o enviados por correo antes de las 19 horas del jueves 1º de abril de 2010, a Obispo Trejo 365 CP. 5000 Córdoba. En el caso de los trabajos enviados por correo, se tomará como fecha de recepción la que figure en el franqueo. Su extensión no podrá exceder las 200 líneas a 70 caracteres por línea, siendo el mínimo admisible 50 líneas (entre 1 y 4 carillas, en cuerpo 12.)

11.- El sobre debe estar dirigido a “Concurso de Expresión Escrita de los Trabajadore/as” y en caso de ser enviado por correo, no debe figurar el nombre del o los autores en el remitente. Los textos que se incluyan en el interior de dicho sobre deberán ser abrochados o entregados en carpeta, precedidos por una hoja de presentación donde conste pseudónimo del autor y título del trabajo, acompañados con un soporte digital (CD) que contenga el archivo de respaldo (no excluyente). Por cada trabajo se presentará un original y tres copias papel, una para cada integrante del jurado.

12.- Junto al trabajo se adjuntarán en sobre cerrado y con la sola referencia externa del seudónimo, los datos personales del participante: nombre, domicilio, número de documento, teléfono, lugar donde desarrolla o desarrolló su actividad y dirección de correo electrónico si la tuviere.

13.- Las obras presentadas en el concurso no serán devueltas independientemente del resultado del mismo. Una copia del trabajo presentado quedará en el archivo del Islyma.

Del jurado y los premios

14.- El jurado estará integrado por 1 (un) miembro del Islyma, 1 (un) afiliado al Cispren y 1 (un) integrante de la conducción de ATE provincia de Buenos Aires, quienes darán su veredicto el día 28 de abril de 2010, durante la Semana Argentina de la Salud y la Seguridad en el Trabajo.

15.- Los premios serán los siguientes:

Primer Premio: Hasta dos pasajes y estadía con media pensión para 2 personas, durante un fin de semana, en La Casa del Trabajador de Prensa en Carlos Paz, diploma y difusión en las publicaciones de la CTA y/u otros medios periodísticos del país.

Segundo Premio: Estadía para 2 personas en La Casa del Trabajador de Prensa en Carlos Paz, diploma y difusión en las publicaciones de la CTA y/u otros medios periodísticos del país.

Tercer Premio: Diploma y difusión en las publicaciones de la CTA y/u otros medios periodísticos del país.

16.- En caso de que el jurado otorgue menciones o reconocimientos especiales, estos también serán acreedores de diploma y publicación en los medios de comunicación de la CTA y/u otros medios periodísticos del país.

17. - Un mismo participante no podrá recibir más de un premio, salvo menciones.

18.- El jurado está facultado para resolver cualquier situación no prevista en este reglamento, la que deberá ser comunicada con sus fundamentos al presidente del Islyma.

Consultas: e-mail: islymacba@gmail.com

Silvia Belga: 0351 - 153251955

Libertad y democracia sindical

Giuliani: "El Gobierno no tiene ninguna excusa para seguir negando la Personería Gremial a la CTA"

El se­cre­ta­rio de Co­mu­ni­ca­ción y Di­fu­sión de la Cen­tral de Tra­ba­ja­do­res de la Ar­gen­ti­na (CTA), Juan Car­los Giu­lia­ni, in­sis­tió en el re­cla­mo de la organización por su Per­so­ne­ría Gre­mial. "El Gobierno no tiene ninguna excusa para seguir negándola", apuntó.

Juan Carlos Giuliani sostuvo que “co­men­zan­do el año del Bicentenario volvemos a pe­dir por la Per­so­ne­ría Gre­mial pa­ra nues­tra Cen­tral y pa­ra más de 2 mil or­ga­ni­za­cio­nes sin­di­ca­les sim­ple­men­te ins­crip­tas y la inscripción gremial a más de 100 or­ga­ni­za­cio­nes sindicales de nue­vo ti­po que se han crea­do en todo el país”.

Se­ña­ló que en es­tos úl­ti­mos dos años “la Jus­ti­cia ha avan­za­do mu­cho más que el Go­bier­no en el reconocimiento del nue­vo for­ma­to de or­ga­ni­za­ción que se están dando los tra­ba­ja­do­res y que cues­tio­na al mo­de­lo tra­di­cio­nal y he­ge­mó­ni­co”, sos­tu­vo.

En declaraciones periodísticas, apuntó que "después que hiciera eclosión la crisis de representación en diciembre de 2001, es notoria la aparición de los jóvenes en la conformación de nuevas organizaciones de trabajadores que expresan una voluntad de lucha muy marcada en la disputa por la renta con las patronales y que los transforman en protagonistas del conflicto social".

A juicio de Giuliani, "en el marco de una realidad donde casi la mitad de los trabajadores está en negro, el poder sigue aplicando con fórceps un modelo sindical que sólo considera trabajadores a los que están registrados, dejando afuera a una inmensa mayoría de compañeros que padecen las distintas formas de fraude y precarización laboral que aplican los empresarios para incrementar su rentabilidad".

- ¿Qué tra­ba tie­nen des­de la Cen­tral pa­ra con­se­guir la Per­so­ne­ría Gremial?

- Se ha ve­ni­do di­cien­do fal­sa­men­te que por­que exis­tan dis­tin­tos sin­di­ca­tos por ra­ma de actividad o dos centrales sindicales se di­vi­di­rá el mo­vi­mien­to obre­ro ar­gen­ti­no. Hay 17 mi­llo­nes de per­so­nas que con­for­man la po­bla­ción eco­nó­mi­ca­men­te ac­ti­va, en la CTA hay al­re­de­dor de 1,5 mi­llón de afiliados, su­pon­ga­mos que hay 3,5 o 4 mi­llo­nes en la CGT, eso in­di­ca que hay más de 10 mi­llo­nes de trabajadores que no es­tán representados en nin­gu­na de las dos centrales por­que no quie­ren, no pue­den o no sa­ben, y es a ellos a los que hay que ir a buscar para promover su organización y apuntalar estas nuevas formas de representación.

Giu­lia­ni apun­tó al Go­bier­no por la res­pon­sa­bi­li­dad de es­ta li­mi­ta­ción. “¿Por qué el Go­bier­no ar­gen­ti­no des­co­no­ce las re­so­lu­cio­nes de la Or­ga­ni­za­ción In­ter­na­cio­nal del Tra­ba­jo, los fa­llos de la Cor­te Su­pre­ma de Justicia de la Nación y de­más? Por­que prio­ri­za sus alian­zas con los gru­pos eco­nó­mi­cos y con el vie­jo mo­de­lo sin­di­cal, porque no tiene ninguna excusa para seguir negando la Personería Gremial a nuestra Central”, se­ña­ló el se­cre­ta­rio de Co­mu­ni­ca­ción y Difusión de la CTA.

- ¿Cuá­les son los prin­ci­pa­les pun­tos que bus­can des­de la Cen­tral?

- Reafirmamos nuestra autonomía del Estado, los partidos políticos y las empresas y ratificamos que la vigencia de la libertad y la democracia sindical son imprescindibles para avanzar en una justa distribución de la riqueza. Los grupos empresarios no quieren que los trabajadores se organicen en sus empresas. Por eso no se eligen delegados en más del 80 por ciento de los establecimientos habilitados para hacerlo y por eso el principal defensor del modelo de unicato sindical ante la OIT es el abogado de la UIA Daniel Funes de Rioja.

Hacia una Constituyente Social

Giuliani indicó que desde la CTA "plan­tea­mos una de­mo­cra­cia ple­bis­ci­ta­ria, par­ti­ci­pa­ti­va, con fuer­te pro­ta­go­nis­mo del pue­blo, la de hoy es in­su­fi­cien­te. Por eso la iniciativa política estratégica votada en los congresos nacionales de la Central y que venimos desarrollando a lo largo y ancho de nuestro país es el proceso hacia una Constituyente Social en la Argentina.

Luego hi­zo re­fe­ren­cia a un encuentro nacional del que participará la Central en 2010. “Es­te año se plan­tea una Asam­blea Nacional de la Constituyente Social, que de­fi­nirá cuá­les son las prio­ri­da­des, las acciones y la estrategia para que el pueblo sea gobierno y pasemos de elegir a los menos malos de los otros a los mejores de los nuestros". Dijo que después del Primer Encuentro Nacional en Ju­juy en 2008 y el segundo realizado en Neu­quén en 2009, "la Asamblea Nacional de este año, seguramente reflejará un salto cualitativo en organización, identidad, referencia y representación del campo popular”.

Señaló que an­tes ha­brá reu­nio­nes, encuentros y asambleas en cada ciudad del país, don­de se plan­tea­rán los cuatro ejes con configuran la columna vertebral del programa de la Constituyente: “Dis­tri­bu­ción de la riqueza; democarcia participativa; soberanía sobre nuestros re­cur­sos naturales e in­te­gra­ción latinomaericana”.

Un gol de la democracia!!!

La Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (FETRACCOM-CTA) repudió la decisión de la justicia de suspender la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, “una de las leyes que cuenta con mayor consenso social de todas las sancionadas desde el regreso de la democracia a nuestro país”, señala en un comunicado de prensa.

Para la FETRACCOM-CTA, integrante de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, un conglomerado de organizaciones populares que en 2004 redactó los 21 puntos que sirvieron de base para la actual legislación que vino a reemplazar a la heredada de la dictadura militar, la medida cautelar adoptada por la jueza federal de Mendoza, Olga Pura de Arrabal, a pedido del diputado nacional Enrique Thomas, del PJ disidente, “es funcional a la estrategia del oligopolio informativo de embarrar la cancha y dilatar la aplicación de una norma que tiende a desmontar el aparato monopólico comunicacional hegemònico en nuestro país”.

En una declaración firmada por Juan Carlos Giuliani, Edgardo Carmona, Guido Dreizik, Oscar Gijena y Roberto Ferro, la FETRACCOM ratifica “la importancia de enfrentar la arremetida de los grupos de poder contra una ley que democratiza las comunicaciones en la Argentina, condición indispensable para avanzar en una justa distribución de la riqueza”.

Y añade: “Es impertinente que la Justicia suspenda integralmente una ley que votó el Congreso por cuestionamientos a los procedimientos de su sanción, después que durante más de un cuarto de siglo los trabajadores de la cultura y la comunicación y el conjunto de la sociedad debatiera la necesidad de un nuevo orden legal en el sistema para horizontalizar el mensaje comunicacional y garantizar la libertad de expresión”.

Para la FETRACCOM-CTA, “la judicialización de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual llevada adelante por la prensa hegemónica no detendrá su efectiva ejecución, porque así lo ha decidido la abrumadora mayoría del pueblo y porque es el mejor homenaje que podemos rendir a los más de cien trabajadores de prensa y comunicación desaparecidos durante la última dictadura militar”.

"Hemos demostrado sobradamente nuestra capacidad de organización, militancia y movilización para afrontar este nueva embestida de los grupos económicos, que pretenden mantener sus privilegios desconociendo la voluntad de las mayorías de poner punto final a la prepotencia del discurso único y redistribuir la palabra", subraya la nota.

"Más temprano que tarde, y pese a las chicanas judiciales, regirá un sistema de medios de comunicación audiovisual donde imperen la pluralidad y diversidad de voces. Este proceso destinado a que hablemos todos es indetenible", concluye el pronunciamiento de la FETRACCOM-CTA.