Desde noviembre de 2008, a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sienta precedente respecto a la libertad y democracia sindical en la Argentina, se alzan voces denunciando al máximo tribunal de la República como promotor de la atomización sindical.
 Secretario General de la CTA de la Provincia de Córdoba; Coordinador Nacional de la Constituyente Social |
Dicen que atenta contra la unidad sindical, pero la historia del movimiento obrero argentino demuestra que hubo en distintos momentos históricos más de una central de trabajadores, desde la FORA a principios del siglo XX, hasta nuestros días.
Hoy, al margen de la resolución judicial, coexisten la CGT-Moyano, la CGT-Barrionuevo y la CTA. Quienes denuncian la tan mentada atomización a partir del fallo de la Corte para adelante, no asumen la atomización que ya vivimos.
Igualmente, a pesar de que en los años ‘70 existieron simultáneamente dos CGT a nivel nacional (la CGT ortodoxa y la combativa CGT de los Argentinos) se escribieron entonces las páginas más emblemáticas de las luchas populares: el Correntinazo, el Rosariazo, y el Cordobazo tan ligado a los nombres de Atilio López y Agustín Tosco, próceres del movimiento obrero cordobés y argentino.
No fue posible en esa lucha la unidad con la CGT ortodoxa de Córdoba, pero sería un error no reconocer la gran unidad de la CGT combativa y la clase trabajadora cordobesa.
Pero lo preocupante no se refiere a la atomización sino a la falta de representación gremial que sufren los trabajadores del país. Según datos oficiales, sólo 25 por ciento están sindicalizados y apenas 13 por ciento de los establecimientos laborales y sectores de trabajo tienen delegados; el 87 por ciento restante carece de representación porque el patrón no quiere, porque la dirigencia sindical burocratizada no convoca a elecciones de delegados, o porque los gobiernos no lo permiten.
En ese contexto, mientras hubo una sola CGT -entre finales de los ‘80 y principios de los ‘90-, se produjo la derrota en democracia más importante sufrida por los trabajadores. Nos congelaron el salario, nos despojaron de conquistas laborales, leyes protectoras del trabajo y bajaron los montos indemnizatorios, arrastrando a la mayoría de los trabajadores a la desocupación y al hambre. Simultáneamente, saquearon al país en su patrimonio, sus empresas y recursos.
Todos valoramos a la unidad como constructora de una fuerza organizada que deviene en poder de la clase trabajadora, pero no es juntando a cuatro burócratas como la vamos a conseguir, si no logramos por abajo darle contenido.
Lo cierto es que de aquí en más los delegados no dependerán del capricho de un patrón, de un gobierno o de un burócrata para organizarse. Que los pescadores y fileteros de Mar del Plata con su simple inscripción, tienen derechos a organizarse y a peticionar sin represión policial, que los repositores de Wal Mart no van a ser echados por elegir delegados, como tampoco los trabajadores de Ford.
Pero también sabemos que si las organizaciones sindicales y sus respectivas dirigencias ejercitan la democracia, la participación, la ética, que si toman la opinión de sus compañeros valorizando las asambleas y sus delegados, no habrá ley ni Corte Suprema capaz de atomizarlos y romperles la unidad.
La situación en Córdoba
Los intentos del Gobierno de la provincia por desconocer la libertad sindical en el Estado, chocaron el año pasado con la resolución 708/09 del Ministerio de Trabajo de la Nación. El 24 de agosto último, la cartera laboral estableció la aptitud de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) "para coexistir como entidad sindical, sin exclusión de su personería gremial en el ámbito público de la provincia de Córdoba".
De esta forma, el Ministerio hizo lugar al reclamo de nuestro sindicato en cuanto a la "elección de delegados, retención de la cuota sindical, en los términos de las leyes 23.551 y 24.642, y el ejercicio de la negociación colectiva", según expresó el documento firmado por el ministro Carlos Tomada.
Finalizada la discusión legal, el Gobierno provincial deberá demostrar su compromiso con la legislación y cumplir las condiciones para que los trabajadores estatales de Córdoba elijan libremente quien los represente.
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