Los factores de poder discuten en la Argentina de hoy en día si la deuda externa será pagada con las reservas del Banco Central o a través de partidas del Presupuesto Nacional. En cualquiera de los dos casos, el pueblo es el pato de la boda.
 Secretario de Comunicación y Difusión de la CTA. |
La cuestión no pasa por pagar la deuda externa con reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) o con políticas de ajuste sino por emprender una auditoría de la deuda externa para distinguir lo legal de lo ilegal, lo legítimo de lo ilegítimo y, mientras tanto, priorizar definitivamente la enorme deuda social.
Los excedentes de la Renta Nacional depositados en el BCRA deben servir para promover el desarrollo económico con equidad social en lugar de seguir saciando la codicia de los "fondos buitres". En cuanto a los gurúes de la restauración neoliberal, deberían tener muy en cuenta que después de la rebelión de diciembre de 2001 nuestro pueblo no va a tolerar ningún ajuste.
Desde la dictadura militar hasta nuestros días, los que gobiernan se llenan la boca afirmando que el país “va a honrar los compromisos contraídos con nuestros acreedores” para garantizar la “seguridad jurídica” de los inversionistas. Pretenden imponer la idea de que es políticamente correcto recaudar recursos internos para pagar las deudas contraídas con el exterior. Abonan la teoría del “Estado bobo”, que siempre tiene que pagar sin importar los motivos, sin discutir, informar, ni buscar responsabilidades.
La deuda externa de los países de América Latina y el Tercer Mundo está catalogada de odiosa e ilegítima precisamente porque sus pueblos no saben cómo, porqué y con quiénes se contrajeron esos compromisos que, para el destino de nuestras naciones, es algo así como arrojarse al mar con botas de cemento. Un suicidio.
Lo primero que hay que honrar es la mayúscula e inmoral deuda interna, para que la mayoría de la población pueda zafar del cepo de indignidad al que es sometida por los grupos de poder que siguen medrando con la expoliación de nuestras riquezas y la fuga de capitales.
En 1975, durante el gobierno de María Estela de Perón, la deuda externa ascendía a 7.800 millones de dólares, cifra que trepó a 45.100 millones al retirarse la dictadura militar en 1983. Al finalizar el primer turno de gobierno democrático de Raúl Alfonsín la deuda era de 65.300 millones de dólares; al cabo de dos períodos de Carlos Menem, en 1999, se situaba en 120.000 millones y Fernando De la Rúa la incrementó en 2001 a 146.219 millones de dólares.
Aunque no existen datos oficiales fiables, puede aseverarse con alguna certeza que pese al pago al contado de casi 10 mil millones de dólares al FMI realizado en enero de 2006 por la administración de Néstor Kirchner, se calcula que en la actualidad, durante el mandato de Cristina Fernández, el nivel de endeudamiento supera los 180.000 mil millones de dólares.
Alejandro Olmos –un patriota olvidado- inició la causa sobre la Deuda Externa en 1982 y el trámite judicial demoró 18 años. Recién en el 2000 el juez Jorge Ballesteros emitió un fallo donde plantea la ilicitud de la deuda y habla de la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional (FMI) en ese ilícito. No obstante, esa deuda se sigue pagando y refinanciando.
En los cajones del Congreso de la Nación duerme desde hace casi una década el instrumento jurídico que permite determinar la responsabilidad política de cada uno de los actores en los sucesos que provocaron el fenomenal endeudamiento externo argentino.
El juez Ballesteros declaró el archivo de la causa por la Deuda Externa y remitió copia al Congreso para que adopte las medidas que estime conducentes para la mejor solución en la negociación de la deuda externa de la Nación que “ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del Estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas".
La doctrina de la Deuda Odiosa fue inventada por los Estados Unidos en 1898, al finalizar la guerra con España por la isla de Cuba. Consiste en la inexigibilidad de las obligaciones que se contraen y pesan sobre el pueblo sin que las mismas hayan significado algún beneficio para éste.
Invocar la doctrina de la Deuda Odiosa es un arma jurídica y política de vital importancia para el pueblo argentino. La Deuda Externa fue una alquimia financiera que permitió que nada entrara realmente al país y que, a través del universo virtual de la cibernética, se pudieran transferir dólares a casas matrices o cuentas en el exterior.
El aumento incesante del endeudamiento externo no es ajeno al proceso de concentración y desnacionalización de la economía. La Deuda Externa contraída al margen del Congreso, la estatización de la deuda privada realizada por Cavallo durante la última dictadura militar y el persistente y puntual pago a los acreedores externos a costa del sacrificio del pueblo, ameritan separar la paja del trigo.
Argentina tiene que actuar en defensa propia: pagar lo que debe en buena ley y desconocer el endeudamiento ilegítimo e ilegal contraído a favor de los grupos económicos dominantes.
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