martes, 19 de abril de 2011

Córdoba. Al Palacio de Justicia por el derecho a la tierra

El Movimiento Campesino y organizaciones territoriales urbanas de Córdoba reclamaron a la Justicia provincial que resuelva varios casos de conflictos de tierras, donde existe riesgo de desalojo de familias campesinas a las que no se les reconocen sus derechos posesorios ancestrales.

Varios centenares de pequeños productores y familias campesinas del norte provincial, nucleados en el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), manifestaron el lunes su reclamo al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que reconozca el derecho de los poseedores ancestrales en varios conflictos de tierras que esperan sentencia.

La jornada de protesta, convocada por el MCC, la Organización Barrial Tupac Amaru, la Agrupación Aníbal Verón y los vecinos de Hogar Clase Media, comenzó esta mañana con la entrega en el Consejo Deliberante de un petitorio de las entidades territoriales urbanas para frenar los desalojos en distintos asentamientos populares de la ciudad.

Al mediodía, la columna arribó al edificio de Caseros 551. Allí, frente al Palacio de Tribunales, una enorme topadora marca “Cargill – Sociedad Rural” embistió varias veces a un grupo de campesinos que actuaban de ellos mismos. Sólo que esta vez con mejor suerte que cuando la enfrentan en su propia tierra, porque la topadora era de cartón y terminó siendo la víctima sacrificial de la protesta.

Con esa original dramatización se intentó dar visibilidad al problema cada vez más acuciante del conflicto por la tierra, que ante la inacción de la clase política termina invariablemente judicializando la resistencia campesina y favoreciendo el avance de la especulación inmobiliaria disparada por el auge de los agronegocios.

“Queremos que la Justicia reconozca de una vez por todas la posesión de las familias campesinas que viven de sus tierras durante muchos años. Hay casos graves y urgentes que hemos priorizado en este reclamo, pero el Movimiento tiene 300 registros (de posesión) presentados y apenas uno ha sido aprobado”, expresó Alberto Gómez, de la Organización de Campesinos Unidos del Norte (Ocunc-MCC).

Las “graves y urgentes” son tres causas que datan de varios años de conflicto social y litigio judicial y que esperan resolución por parte del TSJ. El más emblemático y conocido es el de Ramona Bustamante, la anciana que fuera desalojada brutalmente por la Policía en enero de 2004 y posteriormente denunció por “estafa” a Edgardo y Juan Carlos Scaramuzza, supuestos compradores del campo del paraje Las Maravillas, en el departamento Tulumba. Al sobreseerlos la Justicia de Deán Funes, en diciembre de 2009, Ramona y el MCC apelaron el fallo que todavía aguarda resolución mientras el desalojo sigue siendo una amenaza para la campesina que hoy subió con dificultad las escaleras de Tribunales para pedir por su tierra.

Asimismo, la máxima autoridad judicial provincial debe pronunciarse en el caso de ocho campesinos condenados por la Cámara Penal de Cruz del Eje a seis meses de prisión condicional por la “usurpación” de un campo comunitario de la localidad de El Chacho, en el límite con La Rioja. El fallo, dictado en junio de 2008, que ordenaba también entregar el campo al denunciante Martín Buttie, fue apelado por la defensa y se encuentra en suspenso hasta que el TSJ se expida.

El tercer caso que descansa en los despachos del alto cuerpo judicial es un conflicto por 21 mil hectáreas de La Rinconada, en el departamento cordobés Río Seco, entre unas treinta familias campesinas y el empresario René Horacio Fritzeler. El caso data de diciembre de 2005, cuando las familias que ejercían la posesión ancestral fueron notificadas de una medida de no innovar y un inminente desalojo, porque Fritzeler había comprado esas tierras que según el título de propiedad presentado pertenecían a Santiago del Estero. Un fiscal imputó al empresario por “usurpación”, pero el Juez de Control de Deán Funes remitió el caso a la Justicia Federal de Córdoba, que finalmente se declaró incompetente y lo devolvió a la Justicia Provincial.

“Ese siempre fue un campo comunitario, donde viven treinta familias y otras cincuenta familias más pasan por ahí a llevar sus animales al Río Dulce -explica Marcos Vargas, de la Unión Campesina del Noreste (Ucan-MCC)-. A partir de que vino el empresario Fritzeler cerró el campo, no hay posibilidad de entrar y se está muriendo la producción campesina. Por eso nos organizamos, resistimos y lo denunciamos, pero esto llevó a un proceso largo, civil y penal, que lleva más de cinco años. Hay una medida de no innovar, pero el empresario no respeta nada, avanza y sigue presionando con gente armada y con la policía. Hay compañeros imputados por tenencia de armas y es la gente de él la que anda armada”.

“Por eso reclamamos al Registro de Poseedores que reconozca el derecho de estas familias y al Tribunal Superior que asuma su responsabilidad, sepa que nosotros los campesinos seguimos existiendo, vivimos ahí y somos parte de ese monte. Y que alguna vez nos tenga en cuenta así como tienen en cuenta a los empresarios mayores. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir resistiendo, hoy por Ramona y también por muchos compañeros que están en la misma”, concluye Vargas.

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