martes, 30 de junio de 2009

Golpe de estado en Honduras


Centrales obreras en huelga general en apoyo a Zelaya
A pesar de que el Gobierno golpista, encabezado por Roberto Micheletti, ha impuesto el toque de queda durante 48 horas, las organizaciones sociales hondureñas se manifiestan en todo el país para repudiar el secuestro y expulsión del presidente legítimo Manuel Zelaya y en apoyo al proceso de cambio que inició. La CTA denunció la persecución contra dirigentes populares.
Roberto Micheletti, autoproclamado presidente de Honduras, luego de una turbia sesión del Congreso nacional, tras el golpe de estado civio-militar que se inició ayer para consultar al pueblo sobre la posibilidad de colocar una cuarta urna (boleta) en las elecciones del 27 de noviembre próximo sobre la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente que refunde al país, ha decretado un toque de queda de 48 horas.
Sin embargo, las centrales obreras (CGT, CUT y CTH), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, el Partido Unificador Democrático, el Bloque de Poder Popular, entre otras organizaciones sociales, se han lanzado a las calles para defender a Zelaya. La Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) comenzó un paro indefinido y aseguró que en niguna aula del país habrá clases.
La cúpula empresaria, la federación de ganaderos, las partidos oligárquicos y los medios de comunicación que responden a esos intereses, como El Heraldo, reconocieron a Micheletti, en claro muestra de que estaban en juego sus intereses mezquinos. Los acontecimientos demostraron que se trata de una copia calcada del golpe contra el presidente Hugo Chávez de abril de 2002. Mismos métodos, mismas intenciones y un ejército que le hizo honor a su etapa sangrienta de la década de 1980 cuando asesinó y torturó a miles de ciudadanos y fue promotor de la contrarevolución en Nicaragua.
“Demandamos el respeto a la integridad física y la vida del presidente Zelaya, exigimos su restitución en el poder como máxima autoridad ejecutiva del país sí como el pleno respeto a la institucionalidad democrática en la República de Honduras. Igualmente expresamos nuestra solidaridad con el pueblo hondureño, el movimiento sindical y social en su movilización por el restablecimiento de la democracia y en respaldo al presidente de la República” señaló Víctor Báez, secretario general de la Confederación Sindical de las Américas (CSA).
En tanto que la Central de Trabajadores de la Argentina, manifestó su “preocupación y total repudio a los hechos de las últimas horas en Honduras, cuando un grupo de militares encapuchados violentaron su propiedad, lo secuestraron y lo expatriaron a Costa Rica, desconociendo la voluntad del pueblo de su país que lo llevó a la presidencia mediante las urnas, de la única forma que prevee la Constitución, poniendo en su lugar a un impostor que no representa ni respeta la voluntad popular”.
La carta de la CTA aseveró que “sabemos que el pueblo de Honduras ha salido a la calle en apoyo a su gobierno y a su voluntad por profundizar la democracia en su país, mediante la consulta popular que estaba prevista para el sábado pasado, mientras los militares sediciosos secuestraban y golpeaban a los embajadores de Nicaragua, Cuba y Venezuela, que intentaban acercar una muestra de solidaridad con Usted y su Gobierno”.
En otro de los párrafos subrayó que la dirigencia sindical hondureña “ha denunciado que a partir del golpe de los militares, se estaría confeccionando listas de dirigentes sociales y políticos que serían detenidos por su compromiso con la consulta popular, lo que podría desatar una muy grave situación de represión con impredecibles consecuencias”.
Los acontecimientos
“A las 5 y media de la mañana de ayer 200 soldados del ejercito hondureño rodearon la casa presidencial. La misión era una; capturar al presidente José Manuel Zelaya Rosales y la mayoría de su gabinete. La guardia presidencial, compuesto por diez policías, hizo resistencia y en el tiroteo entre las dos fuerzas desproporcionadas murió un policía”, explicó Dick Emanuelsson, corresponsal sueco para América Latina, en una nota publicada en el portal Rebanadas de Realidad.
“El presidente –continuó- fue llevado como secuestrado a la base del a Fuerza Aérea y posteriormente aterrizó en Costa Rica. Al mismo tiempo fue rodeada la casa de la canciller Patricia Rodas con tropas y francotiradores. Llegaron tres embajadores para rescatarla, los de Nicaragua, Cuba y Venezuela. El embajador cubano fue tirado del carro por los militares. Y la canciller Rodas esta en este momento desaparecida”. Además, su familia y su gabinete debieron ocultarse de la persecución.
Para complementar el panorama del golpe todos los canales de televisión, emisoras de radio y otros medios alternativos, más las conexiones de Internet fueron clausurados y cortadas sus conexiones. La censura se levantó por la tarde para televisar la apócrifa jura de Roberto Micheletti.
En declaraciones desde San José, Costa Rica, y acompañado por el presidente de ese país Oscar Arias, Zelaya contó: "Estoy vivo por una gracia de Dios. Hubo un momento en que las ráfagas de las metralletas que estaban disparándose enfrente nuestro eran tan fuerte y era tanta la violencia y la brutalidad con que invadieron más de 200 elementos (militares) mi casa. Me decían: si no suelta el celular, le disparamos. Suelte el celular señor, y todos apuntando sobre mi cara y mi pecho". Y agregó: “Se ha evidenciado que es una conspiración, un complot de la élite política y de la cúpula militar, temiendo perder su prestigio por una encuesta de opinión pública”.
Apoyos mundiales
Asimismo, los países que integran la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) realizan hoy una reunión urgente en Managua donde Zelaya se encontrará con los presidentes de Nicaragua, Ecuador y Venezuela, quien además ha recibido el apoyo de la comunidad internacional en pleno, del Grupo de Río, Unasur, del Sistema de Integración Centroamericana, del Mercosur y de presidentes de todo el mundo.
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha aprobado una resolución de siete puntos que condena "enérgicamente el golpe" contra Zelaya y exige su retorno al poder. Y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, demandó la "restitución de los representantes democráticamente elegidos del país y al pleno respeto de los derechos humanos, incluidas salvaguardas de seguridad para el presidente Zelaya, los miembros de su familia y su Gobierno".
Incluso el embajador de los Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens, dijo ayer a medios locales: “El único Presidente que Estados Unidos reconoce en Honduras, es el presidente Zelaya, quiero que todo mundo lo tenga claro”.
El miedo a consultarle al pueblo
Cuando se leen los argumentos “democráticos” de los sectores golpistas para voltear a un gobierno legítimo saltan a la luz sus motivaciones ocultas: el miedo al pueblo. No aceptaron la realización a una convocatoria para un referéndum no vinculante (una “simple encuesta” como se encargó de aclararlo Zelaya) para preguntarle a los hondureños si aceptarían que en las próximas elecciones de noviembre se agregase una cuarta urna (las otras tres son presidente, alcalde, parlamentarios) para que también se votase la creación de una Asamblea Constituyente que pueda reformar una Constitución que se considera impermeable para resolver los problemas sociales de un país que tiene al 60% de la población en la pobreza. ¿Por qué no preguntarle al Soberano sus destinos?
¿Quién es Zelaya? ¿Por qué poco se conoce del mandatario de uno de los países que integran el ALBA junto a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, entre otros? En 2005 Zelaya fue electo presidente de la República por el centroderechista Partido Liberal. Contrariamente al trayecto que tuvieron mandatarios como Lucio Gutierrez (Ecuador) y Alejandro Toledo (Perú) que llegaron al poder con plataforma de izquierda y luego viraron a recetas neoliebrales, el presidente hondureño dio un vuelco hacia posiciones progresistas. Esa decisión provocó el enconó del Congreso, el Poder Judicial y los poderes económicos.
El último golpe de Estado contra un presidente constitucional se gestó el 3 de octubre de 1963 contra el presidente Ramón Villeda Morales.

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