“A nosotras nos persiguen, mientras toleran la trata de blancas y la explotación" Un proyecto de ley presentado en la Unicameral prevé la derogación del artículo 45 del Código de Faltas, por el que se arresta a quienes ofrecen sexo en la calle. AMMAR-Córdoba, que impulsa la iniciativa, denuncia que se persigue una actividad que la ley no prohíbe.
Por Mónica Ambort
“La persona que es detenida ejerciendola prostitucióntiene menos garantíasque quien cometió un delito grave”,dice el proyecto.
“Luchamos desde hace nueve años para que dejen de llevar presas a nuestras compañeras. Esperamos que por fin ahora se modifique el Código de Faltas”, anhela la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina (AMMAR-Córdoba), Eugenia Aravena, frente a la posibilidad de que la Legislatura de la Provincia de Córdoba derogue la norma que da letra a la persecución policial de las trabajadoras sexuales.
Las dirigentes de AMMAR, junto con los secretarios generales de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) de Córdoba capital y provincia, Roberto “Pecho” Bardach y Oscar “Cacho” Mengarelli, representantes del Inadi y de organismos de Derechos Humanos, acompañaron formalmente la presentación del proyecto a la Legislatura.
El proyecto lleva la firma del legislador riocuartense del Frente Cívico y Social, Roberto Birri, y ha sido una propuesta de AMMAR, organización que después de trajinar con poca suerte por numerosas reparticiones oficiales, recaló en septiembre en la Legislatura.
La presentación del proyecto se hace pocos días después de que las dirigentes de AMMAR denunciaran en Río Cuarto la persecución que sufren las trabajadoras de esa ciudad, de fama nacional por el próspero e impune negocio de la prostitución.
“Nuestras compañeras sufren allá una fuerte represión. Las persiguen, les pegan, les sacan plata, no las dejan hacer llamados telefónicos, no pueden ya ni ir a hacer las compras tranquilas, mientras que el (barrio) Alberdi , uno de los puntos clave de la explotación de mujeres, funciona tranquilamente”, comentó Eugenia Aravena a Prensared.
Tratos como estos son violaciones de derechos humanos y de garantías constitucionales, que violentan también el derecho al trabajo, ya que las trabajadoras sexuales han sido reconocidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según el texto de Birri.
En los últimos tres años, la policía detuvo en la provincia a casi setecientas personas por aplicación del artículo 45 del Código de Faltas, según los datos que produjo el Ministerio de Justicia a pedido de AMMAR.
“Las detenidas son casi todas mujeres. Hay una cuestión de género. Cortan el hilo por lo más delgado. Llevan más a las chicas que a las transexuales”, se queja Aravena.
De esos padecimientos se hace eco el proyecto de Birri, donde se señala que muchas de las detenidas están embarazadas, amamantando, o son madres de hijos chicos. En otros casos, padecen enfermedades que el médico forense no ha tenido en cuenta, como asma, displacía de cadera, diabetes, sida…
“Una de las compañeras debió ser trasladada directamente al hospital, con hemorragias y fiebre, a punto de perder su embarazo por una infección urinaria contraída en el calabozo”, dice la denuncia de AMMAR incorporada a los fundamentos del proyecto de ley.
Textualmente, el artículo 45 del Código de Faltas establece que “serán sancionados con arresto de hasta veinte días quienes ejerciendo la prostitución se ofrecieren o incitaren públicamente molestando a las personas y provocando escándalo”.
Al recordar que en Argentina la prostitución no es ilegal, el proyecto denuncia que el régimen de contravenciones (el Código de Faltas) es inconstitucional y violatorio de las garantías penales y procesales, debido a que las sanciones son impuestas por el Jefe de Policía, lo que rompe la división de poderes vigentes en el país. Como se puntualiza en el mismo proyecto, el código es casi el mismo vigente durante la dictadura militar, y es cuestionado por académicos, organizaciones de derechos humanos y de trabajadores.
Tras señalar que las personas detenidas ejerciendo la prostitución tienen menos garantías que “quien cometió un delito grave”, el proyecto subraya la arbitrariedad de castigar a las mujeres, sin aplicar la misma pena al partícipe necesario. “Debería una parte importante de nuestra sociedad masculina cumplir la misma pena de arresto que las trabajadoras sexuales”, apunta.
Muchas de estas trabajadoras suman varios años de sus vidas detenidas en comisarías, mientras que son escasas las detenciones y las condenas a los proxenetas que explotan el trabajo sexual ajeno, delito tipificado en el código penal, según un informe del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), que recoge el texto de Birri.
El proyecto para la derogación del artículo 45 del Código de Faltas debiera ser tratado a partir de ahora por las comisiones de Legislación General, de Trabajo, de Educación y de Asuntos Constitucionales, presididas respectivamente por Sergio Busso, Mabel Genta, Evelina Feraudo y Domingo Carbonetti.
“Siendo ministra (de Educación) Feraudo nos facilitó la instalación de la escuela primaria en AMMAR, y hace pocos días nos contó que hay posibilidades de una secundaria. Cuando nos recibió en la Comisión de Educación, dijo que allí estaban por la derogación del 45. Y todos movieron la cabeza afirmativamente”, hace cuentas Eugenia Aravena.
Amén de Birri, quien se puso la iniciativa al hombro cuando las mujeres de AMMAR aparecieron con su queja ante la Comisión de Legislación General, también les adelantó su apoyo la oficialista Estela Bressan. El Inadi y el Ministerio de Justicia de la Nación han recomendado la derogación de la norma persecutoria.
Eugenia Aravena confía en que Córdoba imite el ejemplo de Entre Ríos, donde en 2003, “gracias a la lucha de nuestras compañeras, logramos la derogación del artículo, que también allá, era el 45. Y no pasó nada. No hay más prostitución ni más escándalos por eso…”
“La persona que es detenida ejerciendola prostitucióntiene menos garantíasque quien cometió un delito grave”,dice el proyecto.
“Luchamos desde hace nueve años para que dejen de llevar presas a nuestras compañeras. Esperamos que por fin ahora se modifique el Código de Faltas”, anhela la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina (AMMAR-Córdoba), Eugenia Aravena, frente a la posibilidad de que la Legislatura de la Provincia de Córdoba derogue la norma que da letra a la persecución policial de las trabajadoras sexuales.
Las dirigentes de AMMAR, junto con los secretarios generales de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) de Córdoba capital y provincia, Roberto “Pecho” Bardach y Oscar “Cacho” Mengarelli, representantes del Inadi y de organismos de Derechos Humanos, acompañaron formalmente la presentación del proyecto a la Legislatura.
El proyecto lleva la firma del legislador riocuartense del Frente Cívico y Social, Roberto Birri, y ha sido una propuesta de AMMAR, organización que después de trajinar con poca suerte por numerosas reparticiones oficiales, recaló en septiembre en la Legislatura.
La presentación del proyecto se hace pocos días después de que las dirigentes de AMMAR denunciaran en Río Cuarto la persecución que sufren las trabajadoras de esa ciudad, de fama nacional por el próspero e impune negocio de la prostitución.
“Nuestras compañeras sufren allá una fuerte represión. Las persiguen, les pegan, les sacan plata, no las dejan hacer llamados telefónicos, no pueden ya ni ir a hacer las compras tranquilas, mientras que el (barrio) Alberdi , uno de los puntos clave de la explotación de mujeres, funciona tranquilamente”, comentó Eugenia Aravena a Prensared.
Tratos como estos son violaciones de derechos humanos y de garantías constitucionales, que violentan también el derecho al trabajo, ya que las trabajadoras sexuales han sido reconocidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según el texto de Birri.
En los últimos tres años, la policía detuvo en la provincia a casi setecientas personas por aplicación del artículo 45 del Código de Faltas, según los datos que produjo el Ministerio de Justicia a pedido de AMMAR.
“Las detenidas son casi todas mujeres. Hay una cuestión de género. Cortan el hilo por lo más delgado. Llevan más a las chicas que a las transexuales”, se queja Aravena.
De esos padecimientos se hace eco el proyecto de Birri, donde se señala que muchas de las detenidas están embarazadas, amamantando, o son madres de hijos chicos. En otros casos, padecen enfermedades que el médico forense no ha tenido en cuenta, como asma, displacía de cadera, diabetes, sida…
“Una de las compañeras debió ser trasladada directamente al hospital, con hemorragias y fiebre, a punto de perder su embarazo por una infección urinaria contraída en el calabozo”, dice la denuncia de AMMAR incorporada a los fundamentos del proyecto de ley.
Textualmente, el artículo 45 del Código de Faltas establece que “serán sancionados con arresto de hasta veinte días quienes ejerciendo la prostitución se ofrecieren o incitaren públicamente molestando a las personas y provocando escándalo”.
Al recordar que en Argentina la prostitución no es ilegal, el proyecto denuncia que el régimen de contravenciones (el Código de Faltas) es inconstitucional y violatorio de las garantías penales y procesales, debido a que las sanciones son impuestas por el Jefe de Policía, lo que rompe la división de poderes vigentes en el país. Como se puntualiza en el mismo proyecto, el código es casi el mismo vigente durante la dictadura militar, y es cuestionado por académicos, organizaciones de derechos humanos y de trabajadores.
Tras señalar que las personas detenidas ejerciendo la prostitución tienen menos garantías que “quien cometió un delito grave”, el proyecto subraya la arbitrariedad de castigar a las mujeres, sin aplicar la misma pena al partícipe necesario. “Debería una parte importante de nuestra sociedad masculina cumplir la misma pena de arresto que las trabajadoras sexuales”, apunta.
Muchas de estas trabajadoras suman varios años de sus vidas detenidas en comisarías, mientras que son escasas las detenciones y las condenas a los proxenetas que explotan el trabajo sexual ajeno, delito tipificado en el código penal, según un informe del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), que recoge el texto de Birri.
El proyecto para la derogación del artículo 45 del Código de Faltas debiera ser tratado a partir de ahora por las comisiones de Legislación General, de Trabajo, de Educación y de Asuntos Constitucionales, presididas respectivamente por Sergio Busso, Mabel Genta, Evelina Feraudo y Domingo Carbonetti.
“Siendo ministra (de Educación) Feraudo nos facilitó la instalación de la escuela primaria en AMMAR, y hace pocos días nos contó que hay posibilidades de una secundaria. Cuando nos recibió en la Comisión de Educación, dijo que allí estaban por la derogación del 45. Y todos movieron la cabeza afirmativamente”, hace cuentas Eugenia Aravena.
Amén de Birri, quien se puso la iniciativa al hombro cuando las mujeres de AMMAR aparecieron con su queja ante la Comisión de Legislación General, también les adelantó su apoyo la oficialista Estela Bressan. El Inadi y el Ministerio de Justicia de la Nación han recomendado la derogación de la norma persecutoria.
Eugenia Aravena confía en que Córdoba imite el ejemplo de Entre Ríos, donde en 2003, “gracias a la lucha de nuestras compañeras, logramos la derogación del artículo, que también allá, era el 45. Y no pasó nada. No hay más prostitución ni más escándalos por eso…”
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