A través de un comunicado de prensa, la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) expresó su postura con respecto a la política de subsidios del gobierno nacional.
"El problema económico no pasa por los subsidios, sino por el orden económico, el modelo productivo y de desarrollo capitalista que obliga a subsidiar a empresas privadas y transnacionales.
"¿Quiénes son los privilegiados en materia de subsidios? ¿Por qué hay subsidios y qué sentido tienen? Los datos del presupuesto consignan 12.000 millones para la Asignación Universal; 29.000 millones para las empresas públicas, sea Enarsa o Aerolíneas, entre otras; y 39.000 millones para las empresas privadas.
"El dato de fondo son los cambios estructurales de comienzos de los 90, las privatizaciones, la apertura de la economía al capital transnacional foráneo y un fortísimo ataque a los derechos sociales de los trabajadores y la población.
"Con el estallido del 2001 cayó el Gobierno y la Convertibilidad. La salida fue la Ley de Emergencia Pública en el 2002 que se viene renovando año a año. ¿Por qué la emergencia si la economía crece como nunca según el oficialismo?
"El problema, entre otros son las privatizadas. La mayoría de ellas demandó a la Argentina ante el CIADI por incumplimiento de las condiciones de inversión. El país recibió demandas por 16.000 millones de dólares. Hace una década que los gobiernos tienen en la Ley de Emergencia Pública el instrumento de negociación para intentar hacer caer las demandas.
"¿Qué negocian? Que las empresas retiren las demandas a cambio de correcciones tarifarias, que acerquen los ingresos empresarios a la rentabilidad requerida y establecida en la legislación originaria de las privatizaciones. Muchas empresas desistieron ya de sus demandas; otras han ganado sus juicios y Argentina busca como demorar el pago de esas sentencias. Estados Unidos presiona para su pago, tal como en estos días lo hace el gobierno de Obama.
"Con la eliminación de los subsidios el costo será pagado por los usuarios, afectando a los sectores de menores ingresos, entre otras cuestiones porque el canon común involucra a todos los usuarios por igual no importando el consumo que se tenga.
"La eliminación se empezó por los sectores de mayores ingresos, medida que capta voluntades y simpatías, pero esconde la aberración de que el conjunto de la sociedad financiaba casinos, casas de juego, bancos, aseguradoras, todos con cuantiosas ganancias; y ni hablar de los barrios habitados por las capas altas, que devuelve la inequidad del orden económico y social de la Argentina.
"El mayor desembolso entre trabajadores y sectores medios para el pago de las tarifas de servicios públicos afectará la capacidad de consumo esencial de esas familias.
"Desde la CTA enfatizamos que los servicios públicos son un derecho y no una mercancía, y por ello luchamos por desmantelar la institucionalidad privatizadora y extranjerizante, al mismo tiempo que recuperar la soberanía energética, en el manejo de todos los servicios públicos esenciales. Se trata de cambiar el marco regulatorio de las privatizaciones, hecho a la medida de las privatizadas. Hay que cambiar la estructura tarifaria realizada a valor dólar (Convertibilidad) y desnudar los verdaderos costos de las empresas.
"¡Con subsidios o sin subsidios el saqueo continúa!
"¡No se trata de ver quien es pobre para recibir subsidios, se trata de ser soberanos y dignos!
"¡Tenemos que evitar el agotamiento de nuestros recursos energéticos modificando el modelo productivo y energético dependiente!" firman el comunicado con fecha 13 de diciembre de 2001 Pablo Micheli, secretario general, José Rigane, secretario adjunto y Juan Carlos Giuliani, secretario de Relaciones Institucionales.
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