Sólo para algún distraído pueden quedar dudas. El poder viene por nosotros, los trabajadores. Con total desparpajo pretende que paguemos la crisis que dispararon los grupos económicos a caballo de la especulación financiera a nivel planetario.
* Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA
La Viceministro de Trabajo, Noemí Rial, ya avisó que las Paritarias del año que viene se manejarán con otros parámetros vinculados con los índices inflacionarios oficiales. O sea, los números dibujados por la intervención de Guillermo Moreno en el INDEC. Ni siquiera lo disimulan, quieren ponerle techo a las negociaciones colectivas.
Mientras tanto, la Presidenta reafirma su credo a favor de un “capitalismo serio” que en nuestro país es cada vez más ancho y ajeno, como la tierra y los bienes naturales devastados por el saqueo del monocultivo sojero y la mega minería contaminante. Desde que ganó por amplio margen las elecciones de octubre, Cristina Fernández se ha dedicado a apostrofar a las organizaciones de los trabajadores.
Primero pidió a los laburantes que no boicoteen el modelo que “nada ni nadie nos va a hacer cambiar”. Después reclamó “prudencia” a la hora de discutir salarios y condiciones de trabajo. A renglón seguido amonestó a los peones rurales por cortar rutas y calles reclamando que el Ministerio de Trabajo homologue un acuerdo de recomposición salarial del 35 por ciento.
El ministro Carlos Tomada, en otro de los tantos servicios que presta a la patronal, en este caso a la destituyente Mesa de Enlace, homologó el acuerdo pero sólo por el 25 por ciento. En el camino, y para cuidarle la renta a Biolcati y compañía, le mochó un diez por ciento a los haberes de los trabajadores del campo. El Gobierno se ha propuesto que en el transcurso de 2012 los aumentos salariales no superen el 18 por ciento. Si a ello se suma que la inflación sigue trepando al compás de los aumentos de combustibles y los precios de artículos de primera necesidad, y que es más que previsible que con el primer mes del año que viene se registren incrementos en las tarifas de los servicios públicos como respuesta a la quita de subsidios a la electricidad, el gas y el agua, el cóctel será aniquilador para el bolsillo de los sectores populares.
También se verificó la ofensiva contra otro gremio de la CGT, la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), al que se lo amenazó con quitarle la Personería Gremial si no deponía su protesta.
Es curioso, mientras la Cartera Laboral le niega la personería a más de dos mil quinientas organizaciones sindicales simplemente inscriptas y no concede la Inscripción Gremial a un millar de organizaciones de nuevo tipo, amaga con quitársela a los gremios que no hagan buena letra. No hacer olas frente a la crisis parece ser la consigna que enarbola la fuerza de gobierno, en consonancia con el reclamo de mesura a las demandas sindicales que pregona el empresariado. La Presidenta fue clara: hay que cuidar los puestos de trabajo. Hablando en criollo: ante la crisis, hay que bancar condiciones de trabajo a la baja y magros salarios mientras se conserve el empleo.
Cualquier similitud con lo que ocurría en la década del ‘90 es pura coincidencia. Así las cosas, y ante el ajuste que viene, el conflicto social –expresión de la lucha de clases- está a la vuelta de la esquina.
La puja por una justa distribución de la riqueza pone al rojo vivo la relación obrero-patronal. Los trabajadores retoman estadios de conciencia y organización que aparecían anestesiados durante la resistencia. Esa disputa, que gana la calle y se dirime en el territorio, implica uno de los síntomas más nítidos de la transición de una etapa de defensiva hacia otra de iniciativa popular.
Romper los techos salariales impuestos desde arriba, o avanzar en formas de organización popular que pongan en cuestionamiento la democracia acotada para propugnar mecanismos afines a una democracia participativa, accionan las alarmas en los centros de poder para blindar sus privilegios a través de la intimidación y el castigo a la rebeldía social. La Justicia del régimen actúa como una guardia pretoriana en defensa de los intereses de los poderosos. La idea de la vigencia de una Justicia para los ricos y otra para los pobres está profunda y justificadamente arraigada en el conjunto de la sociedad. Más de cuatro mil luchadores sociales procesados pueden dar fe de ello.
En el marco de una gobernabilidad de tono cada vez más unitario, restringidas sus autonomías federales a la mínima expresión y sin que se discuta una nueva Ley de Coparticipación Federal, las administraciones provinciales quedan estranguladas en su poder decisorio y a merced del oxígeno que les provea el poder central según los distintos grados de subordinación que manifiesten al gobierno nacional de turno. Entre una Nación superavitaria y provincias empobrecidas y endeudadas, los conflictos de los trabajadores estatales, docentes, de la salud y judiciales se multiplican como hongos en toda la geografía nacional.
La voluntad de lucha y la organización demostradas de manera creciente por los trabajadores en estos últimos años, y la intención de hacer recaer sobre sus espaldas el peso de la crisis, preanuncian un panorama donde se avizora una profundización del conflicto social.
Disyuntiva que no se resuelve reprimiendo a los pobres sino distribuyendo la riqueza.
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