Desde hora temprana las trabajadoras sexuales nucleadas en AMMAR se ubicaron detrás de las vallas que restringen el ingreso a la legislatura provincial. Montaron una radio abierta y se manifestaron a viva voz en contra del proyecto de ley contra la trata enviado por el gobernador José Manuel de la Sota. Por la tarde fue recibida en el recinto y leyó un documento tras lo cual se originó un debate.
Durante el encuentro recibieron el reconocimiento como organización pero se puso en cuestión que la actividad sea un trabajo. “Fue un encuentro positivo” evaluó la dirigente a la salida de la legislatura a las siete de la tarde. Contó que Juan Manuel Cid propuso ante sus pares que sean invitadas a participar del trabajo en comisiones moción que fue aceptada.
Eugenia Aravena, secretaria General de la organización gremial, cuestionó que no hayan sido convocadas ni escuchadas antes de enviar el proyecto a la unicameral. “Nosotras existimos, estamos organizadas, tenemos un desarrollo, una personería jurídica, 800 afiliadas, estamos dentro de la CTA, pero nos invisibilizan”, lamentó. Sin embargo, tras la protesta ingresaron al recinto y leyeron el documento titulado “El delito a combatir debe ser la trata de personas y la explotación sexual y no una actividad lícita”.
“El Gobierno de la provincia de Córdoba en el afán de continuar dando la lucha frontal contra el flagelo de la trata de personas, que tiene un trasfondo sórdido, que atenta contra la dignidad esencial del ser humano, pretende mediante este proyecto de ley, erradicar de todo el ámbito de la provincia a las denominadas “wiskerías”, “boîtes”, “piringundines”, “clubes nocturnos”, etc. que a la vera de las rutas que atraviesan la provincia o de caminos provinciales”, argumenta el proyecto de ley.
Asimismo, da por sentado que estos lugares de alternancia son “prostíbulos encubiertos” y lo relaciona con el tráfico de personas especialmente mujeres y niñas.
“El proyecto mezcla todo el tiempo la trata con la prostitución cuando el trabajo sexual es una actividad legal. Nosotros afiliamos a mujeres mayores de edad que deciden vivir de este trabajo libremente. La trata es el rapto, la tortura, la esclavitud que en definitiva obliga a una persona a hacer lo que no quiere. Este proyecto prohíbe todo”, analizó la secretaria general.
Aravena consideró que si se aprueba el proyecto tal como está “el único lugar para trabajar será la calle, y eso no va a ocurrir. Esto lleva a clandestinizar la actividad y nos preocupa que las organizaciones que luchan contra la trata planteen estas medidas prohibicionistas, punitivas, que, en definitiva aumentarán las mafias. El Estado debe proteger los derechos humanos de las mujeres”, afirmó.
“Si la explotación sexual y la trata son delitos, nos preguntamos por qué no se investiga, si las leyes están. Esta ley que quieren aprobar le dará más elementos a la Policía para que intervenga”, consideró y advirtió que desde el gobierno se impulsa el agregado de un nuevo artículo al Código de Faltas que penalice el trabajo de “copera”.
Sobre este punto dijo que en el juicio por la desaparición de Marita Verón “está quedando clara la connivencia entre la mafia de la trata, la policía y los jueces, de modo que todo esto es para tribuna. Es lo mismo que pasa con el tema del aborto: las que pagan las consecuencias son las mujeres pobres. Hay que hablar con menos hipocresía”, opinó. Por su parte, el secretario general de la CTA, Guido Dreizik, compartió los argumentos de Aravena y acotó que “esta ley facilitará el proxenetismo y marginará aún más a las compañeras. Contrariamente a esto, AMMAR está trabajando en un proyecto de ley que legalice el trabajo sexual y de esta manera poder aspirar a mejores condiciones de vida”, afirmó
Dreizik separó la trata de la prostitución y recordó que “actualmente el Código Penal y la ley 12331, sancionada en 1936, son dos cuerpos legales que combaten la trata, el sometimiento a la esclavitud y combaten el proxenetismo. Entonces, nos damos cuenta que esta es una ampliación represiva que complementa la persecución a las trabajadoras”, analizó.
También se encontraba presente el ex sacerdote de la parroquia San Cayetano, Nicolás Alessio, quien desde su visión cristiana denunció que “las trabajadoras sexuales son maltratadas por el poder, por ser mujeres, pobres, y por el trabajo que han elegido. Sabemos que la trata de personas esta manejada y coordinada por altos funcionarios políticos, judiciales o de las fuerza de seguridad; entonces, hay que acompañarlas porque defienden su trabajo y le piden a la sociedad que abra los ojos, que no sea hipócrita. Esta ley encubre, el gobierno de de la Sota es puro maquillaje”.
“Prohibir genera la coima, el negociado. Hay que legislar a favor de… porque la prohibición no resuelve los problemas, los agrava”, concluyó.
El movimiento mundial “Marcha de las Putas” también le puso el cuerpo a la concentración. “Estamos acá porque no creemos que esta ley vaya a eliminar la trata. Creemos que se está cortando el hilo por la parte más débil y no por donde pasa el negocio que son los políticos, la policía y el poder judicial. Se está poniendo en juego por una cuestión moral el trabajo sexual a quien lo ejerce sin molestar a nadie”, afirmó María.
“Cerrar lugares públicos hace que también se vuelva clandestina la trata”, agregó Jimena, otra de las mujeres que participa de esta movida de protesta mundial que promete para el 20 de octubre próximo una marcha en esta ciudad.
Estuvieron presentes acompañando la manifestación de las trabajadoras sexuales miembros de diversas organizaciones de la sociedad civil como Encuentro por la diversidad sexual, Fabiana Tron, de feministas, El Malón, SIPOS, ATE, Movimiento Lucha y Dignidad, Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, Alternativa LGTB, Islyma, entre otras organizaciones.
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