El secretario de Discapacidad de la CTA, Carlos Ferreres, propone pensar la discapacidad desde la condición de trabajador organizado. En declaraciones formuladas a ACTA sostuvo que “esto significa reconocer que, en tanto trabajadores, tienen el derecho de participar en la definición de las reivindicaciones y luchas del conjunto de la clase”.
Las circunstancias que arrastraron a Carlos Ferreres a pasar el resto de su vida en una silla de ruedas merecen ser reputadas: en su acción por rescatar a un hombre que se ahogaba en las aguas de Mar del Plata, el espigón de rocas le propinó un traumatismo de médula que lo dejó hemipléjico. Tenía 18 años, en el verano de 1973.
A fuerza de entereza y tratamientos médicos y una familia dispuesta a todo, Carlos recuperó gran parte de la motricidad en su cuerpo: volvió a la vida, dijeron todos; vecinos y amigos en su casa de Parque Patricios.
Laburante, discapacitado, hincha de Huracán, Carlos formó hogar y comenzó a palpitar la necesidad de participar en una construcción colectiva. El “menemismo” fue demasiado para su talante político. Y entonces, apareció la CTA.
He aquí lo que dijo:
¿Cómo encuadra el tema de la discapacidad en una central de trabajadores?
La discapacidad está estrechamente ligada a las condiciones sociales y políticas de un país. La inmensa mayoría de los discapacitados provienen de las clases bajas, donde el hambre y la pobreza extrema dejan secuelas para toda la vida. También los accidentes laborales son una de las principales causas de la discapacidad: el trabajo en negro, la flexibilización laboral, la ausencia de leyes que protejan la salud de los laburantes, son todos factores promotores de la discapacidad.
¿Entonces?
Entonces no podemos desconocer los orígenes políticos del problema; por lo tanto, las soluciones deben ser también políticas.
¿Discapacidad es sinónimo de discriminación?
La participación de los trabajadores es fundamental. La discriminación, la postergación de derechos, el oprobio social, aparecen de manera descarnada cuando un discapacitado intenta ingresar al mercado laboral. No existen políticas públicas que promuevan el buen vivir de los discapacitados argentinos. Tampoco ayudan las leyes vigentes: son escasas y magras y nadie las cumple, ni el Estado ni el sector privado. Discapacidad y discriminación van de la mano.
De eso no se habla.
Es un tema olvidado, escondido, el reflejo de una sociedad que prefiere no ver aquello que la incomoda y la atemoriza: una de las grandes deudas de la democracia argentina.
¿En qué consiste el trabajo de la Secretaría de Discapacidad?
Es la decisión conciente de la clase trabajadora de incorporar -dentro de sus políticas generales- la temática de la discapacidad. Significa acción gremial para delinear las medidas que van a impactar de manera decisiva en la inclusión e integración de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, garantizando, fundamentalmente, que puedan acceder y desempeñar su trabajo con dignidad. Implica dar visibilidad a un actor social, que más allá de la condición de formal, registrado, precarizado, en negro, cuentapropista o desocupado, con o sin discapacidad, primero, se lo considera un trabajador.
Con capacidad de disputa frente al poder.
Es poder ver al compañero con discapacidad como un ser productivo, capaz de generar riqueza y de disputar su participación económica, política, social y cultural, junto al resto de los trabajadores. La discapacidad como una circunstancia vital que, ya sea en forma transitoria o definitiva, nos puede afectar a todos en algún momento; por lo tanto, tiene una transversalidad que la hace depender de los factores sociales, económicos, culturales, laborales, educacionales y familiares.
Y se la invisibiliza.
Claro, la discapacidad conlleva una larga historia de marginación, exclusión, abandono y negación. Existe una ideología dominante del ámbito de la discapacidad que ha impregnado las políticas que se implementan desde el Estado, a la vez que ha sido fuertemente cuestionadas. Es la ideología del modelo reduccionista médico, que restringe el origen de la discapacidad a una cuestión biológica o particular de la persona, que en su condición de “enferma” debe ser asistida. Y su vigencia aún perdura en muchas leyes y programas que funcionan sobre la base del ocultamiento de derechos y que tienen un impacto mínimo en relación a la población con discapacidad.
El marco político tampoco ayuda mucho.
En Argentina las políticas públicas son insuficientes, parciales y no universales en términos de igualdad mientras que en la plataforma de los partidos políticos la temática está ausente. Y un dato que no podemos soslayar es que esta ideología, que perpetúa los prejuicios, los miedos, los mitos y el desconocimiento, es la misma, que ha sido asimilada por las propias personas con discapacidad, por sus familiares, por muchas ONGs tradicionales de discapacidad, y por gran parte de la sociedad que no está dispuesta a ver lo que no quiere.
Desde la CTA se alimenta una concepción diferente, ¿no es verdad?
Así es, una perspectiva que recupera el protagonismo de los trabajadores, como sujeto colectivo, en la construcción de una sociedad para todos; y difiere con aquella perspectiva que considera que los derechos humanos son sólo para algunos pocos, y los derechos específicos para las personas con discapacidad constituyen “excepciones necesarias”, “lujos” o “gestos de caridad o beneficiencia” dependientes de voluntades individuales.
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