miércoles, 1 de agosto de 2012

Tragedia en el Campus Elevaron a juicio la causa por las explosiones en la Universidad de Río Cuarto


Después de cuatro años y medio, el Juzgado Federal de Río Cuarto decidió elevar a juicio la causa por las explosiones en la Planta Piloto ocurridas el 5 de diciembre de 2007.
Por el incendio, fallecieron los docentes Miguel Mattea, Gladis Baralla, Liliana Giacomelli, Carlos Ravera, Damián Cardarelli y el alumno Juan Politano.
Según consta en la causa, “el día 5 de diciembre de 2007, alrededor de las 10 horas se produjo un derrame de miscela que provocó que gases provenientes del hexano se desparramaran - presuntamente por efecto de la corriente de aire que ingresara desde el portón ‘norte’-, hacia el lado sur de la Planta Piloto, donde, presuntamente al tomar contacto con una fuente de calor (supuestamente una autoclave para esterilizaciones, el que atento el estado en que se encontraba luego del siniestro -válvula de gas abierto y con paquetes- puede presumirse que se hallaba encendido), produjo una primera deflagración que recorrió en sentido inverso a la dirección que habían tomado los gases, hasta llegar a la parte central de la Planta Piloto produciendo una gran columna de fuego y nuevas explosiones”. En la planta, el grupo de investigación Gidpo realizaba pruebas de extracción de aceites con hexano.
Por los hechos fueron procesados Carlos Bortis, ex vicedecano de Ingeniería y ex presidente de la Fundación UNRC; José Luis Pincini, ex secretario de coordinación técnica de la Universidad; Sergio Antonelli, ex secretario de coordinación técnica de Ingeniería; Miriam Ferrari, ex directora del Departamento de Tecnología Química; Edith Ducrós, ex vicedirectora del Departamento, y la única sobreviviente del grupo de investigación, Liliana Ruetsch.
Ayer, en el Campus, durante una asamblea organizada por la Asociación Gremial Docente (AGD-CTA) que es querellante en la causa, los abogados cordobeses que la representan, Claudio Orosz y Eugenio Biafore, explicaron los avances de la causa y los pasos dados por el gremio durante la instrucción. En la reunión, estuvieron los procesados, lo que terminó extendiendo el debate, no sin cruces.
“Lo que se va a analizar ahora en el juicio, que difícilmente se concrete este año, especialmente si el sorteo define al Tribunal Oral 1, es la cadena de responsabilidades en función de las omisiones, negligencias e incumplimientos a reglamentos y leyes que se habían producido y que desembocaron en los hechos del 5 de diciembre de 2007”, señaló Orosz a PUNTAL.
Por su parte, Biafore destacó que “es importante este paso de elevación a juicio. Hay una ley de orden público que debió ser cumplida, y lo que creemos es que hay distintos niveles de responsabilidad frente a ese deber de cumplimiento de las normas de higiene y seguridad. Estas disposiciones son obligatorias y lo son porque normalmente cuando no se cumplen, el resultado casi previsible es este tipo de sucesos”, señaló.
Orosz explicó que en el juicio se valorará “el incremento más allá de lo razonable del riesgo. Porque no se pueden discutir que hay actividades riesgosas. Pero en determinadas condiciones se aumenta ese riesgo más allá de lo razonable. Quién incrementó ese riesgo más allá de lo razonable es lo que vamos a discutir en el juicio”.
Por último, la querella destacó la actuación del juez federal Carlos Ochoa y también “la presencia del sindicato en el proceso que constantemente ha colaborado ofreciendo pruebas con el objetivo único de descubrir la verdad, lo que ahora adquiere relieve mucho más importante”.

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