Derechos Humanos

¿Quién emplea a las personas discapacitadas?

Desde 1981, rige en Argentina la ley que obliga a organismos nacionales y empresas privatizadas de servicios públicos, a contratar personas con capacidades diferentes. Pero todavía no se cumple.
La ley número 22.431, sancionada durante la última dictadura militar y modificada en 2002 (ley 25689), establece que, del total de empleados de organismos nacionales y en las empresas privatizadas de servicios públicos, el 4 por ciento deben ser personas con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, en la única Encuesta sobre Discapacidad que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) en 2006, el 7,1 por ciento de la población sufre alguna discapacidad, lo que significa cerca de 2,7 millones de personas. “La encuesta sólo tomó centros urbanos de más de 5 mil habitantes. En áreas rurales, el porcentaje es mayor, por falta de acceso a la rehabilitación", señala Bea Pellizzari, directora de La Usina.
Para el abogado Pablo Rosales, experto en discapacidad “El Estado tiene una doble cara porque es el principal obligado pero también es el que violenta esas obligaciones”. Las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la problemática, denuncian que más del 82 por ciento de los discapacitados de Argentina no tienen trabajo, mientras que sólo el 15 por ciento cuenta con el certificado de discapacidad, imprescindible para acceder a algún servicio, como la rehabilitación.
En tanto, Graciela Muñiz, defensora adjunta de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires afirma: “en Argentina tenemos una legislación espectacular, muchísimas leyes que protegen a las personas con discapacidad. Pero ninguna se cumple". El primer violador de esas leyes es el Estado, agrega el ombudsman de la Nación, Eduardo Mondito.
El Estado suele hacer cursos de aprendizaje para las personas “discapacitadas”, pero estos solo hacen visible la negativa del Estado para otorgar empleo público a personas con capacidades diferentes, por lo que pretenden trasladar el problema a empresas privadas y el autoempleo. Otro rasgo que hace visible que el Estado argentino no quiere discapacitados trabajando en sus oficinas, son los beneficios que se le otorgan a las empresas que contraten a personas con capacidades diferentes, por ejemplo para la Nación, los empleadores que concedan empleo a personas con discapacidad tendrán derecho al cómputo de una deducción especial en el impuesto a las ganancias, equivalente al 70 por ciento de las retribuciones correspondientes al personal discapacitado en cada período fiscal.
Mientras que en Argentina ni siquiera, incentivados por estos beneficios, los empresarios emplean a personas con algún tipo de discapacidad, en España están analizando la posibilidad de aumentar del 5 al 7 por ciento el cupo de empleo público para discapacitados. En este marco, la secretaria del Estado español de Asuntos Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce; señaló que luchar contra la discriminación y garantizar la accesibilidad universal deben ser siempre las dos estrategias que muevan las políticas a favor de la discapacidad. Esto ha llevado a que en España ’la situación sea extraordinariamente favorable’ aunque reconoce que “no en todos los países es igual”.
Por otro lado, en Cuba la política de empleo en relación con las personas discapacitadas exhibe también tres variantes: la empresa, el trabajo a domicilio y los talleres especiales, de estos últimos existen 143, con alrededor de tres mil empleados.
Increíblemente el Estado no cumple con las leyes que él mismo promulga y que obliga al resto a acatar. Si realmente se quiere una sociedad justa, integrada y solidaria el Estado debe dar el ejemplo, además de educación para los más chicos.
Fuente: Nuria González Rouco, Agencia Periodística del Mercosur (APM)