Charla en Colegio Industrial
Entrega de la Concejal Pomiglio de dictamen
Baronetto y Valduvino, Sec. Gral. CTA Río IV
Actividad en el Concejo
Baronetto: “Los militares llegaron al genocidio con complicidad de la Justicia”
El miércoles pasado estuvo en Río Cuarto Luis "Vitín" Baronetto, secretario Adjunto de la CTA Córdoba y Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba. Participó en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de un video-debate sobre los fusilamientos de los detenidos en la UP 1 de la capital provincial convocado por la Organización Territorial Malón (OTM-CTA).
En el encuentro llevado a cabo al anochecer del miércoles 25 de marzo en el Concejo Deliberante, con la participación de más de medio centenar de personas, Luis Miguel Baronetto fue presentado por el secretario General de la CTA Río Cuarto, Carlos Valduvino. Con anterioridad, Baronetto intervino en una jornada similar, esta vez con los estudiantes del Colegio Industrial, invitado por la Juventud de la CTA de esa ciudad del sur cordobés.
Luis Baronetto sufrió la pérdida de su esposa Marta en los fusilamientos de la UP 1. Hoy pide por la sustitución de un miembro del tribunal que lleva la causa por haber tenido participación en el golpe.
“Marta era una maestra de Villa El Libertador, un barrio muy pobre. Ella misma era de un hogar bastante humilde. Era catequista en la parroquia y yo estaba estudiando para cura en ese momento. Nos encontramos y dejé el seminario. Ella siguió dando clases en la escuelita San José Obrero, que le decían ‘del tranvía’”, cuenta "Vitín" Baronetto, quien sufrió la pérdida de su esposa en la última dictadura militar.
Continúa: “Nos casamos en el barrio, yo estaba en el centro vecinal, militaba en la Juventud Peronista y después en el Partido Peronista Auténtico, que estaba ligado a Montoneros. Nos detuvieron en mi casa en agosto del ‘75, teníamos una hija de 8 meses en ese momento y después tuvimos otro hijo que nació en la cárcel el 16 de julio del ‘76. A ella la mataron el 11 de octubre de ese año”.
Hoy Baronetto es secretario de Derechos Humanos en la Municipalidad de Córdoba y secretario Adjunto de la Central de Trabajadores de la Argentina de la provincia de Córdoba y, con los familiares de quienes fueron fusilados junto a su mujer, está llevando a cabo un pedido particular en la causa que investiga el caso: que sea sustituido uno de los miembros del tribunal.
¿Cuál es el pedido de este grupo de familiares?
La causa, que casualmente todavía no ha sido elevada a juicio y que la Justicia federal ha venido marginando, es la que ya han nombrado: “La causa maldita de Córdoba”. Tiene que ver con el fusilamiento de 29 presos políticos que estaban legalmente detenidos en la cárcel y cuyo traslado fue autorizado por jueces y funcionarios judiciales de ese momento. Quizás ésta sea la particularidad más fuerte que tiene la causa de la UP 1, porque no se trata de desaparecidos, sino de presos legalmente detenidos.
Los hechos
El 11 de octubre de 1976, el general Juan Bautista Sasiaiñ firmó una autorización por la que permitía retirar de la UP 1 a los detenidos Florencio Díaz, Pablo Balustra, Jorge García, Miguel A. Ceballos, Oscar H. Hubert y Marta González de Baronetto. Todos ellos fueron fusilados cerca de la unidad penitenciaria.
Según los documentos del Nunca Más, Luis Miguel declaró en 1983: “El 11 de octubre de 1976, aproximadamente a las 16 hs, estando Marta detenida y alojada en la cárcel del barrio San Martín, Córdoba, fue retirada por personal militar sin motivo ni explicación alguna [...] Escasamente una hora después fueron fusilados a pocas cuadras de la cárcel. Marta presentaba varios impactos de bala en el rostro y su cuerpo denotaba haber caído a tierra.
Un comunicado militar firmado por el entonces coronel Vicente Meli, del Tercer Cuerpo de Ejército, informó que el vehículo en que eran trasladados fue interceptado por vehículos civiles entablándose un intenso tiroteo, a raíz del cual murieron todos los detenidos políticos”.
Baronetto comentó que en el marco de esta causa también se ha vinculado a Jorge Rafael Videla “porque según la Constitución, que no había sido derogada en el ‘76 sino supeditada a los estatutos del proceso, ningún preso puede ser retirado de la cárcel sin la autorización de la autoridad bajo cuya responsabilidad está el detenido”.
¿A qué juez está destinada la denuncia de los familiares?
Hemos denunciado ante el Consejo de la Magistratura al actual juez Carlos Otero Álvarez, integrante del Tribunal Oral 1, que estuvo en el juicio a Menéndez el año pasado y que volverá a estarlo en los juicios en la primera etapa del año. En aquella época fue secretario penal del Juzgado Federal número 1, y suscribió las autorizaciones para que fuesen retirados estos presos fusilados.
Baronetto continúa informando: “Supongamos que después del primer retiro que él autorizó haya sido sorprendido en su buena fe y quienes autorizó hayan sido matados, pero fueron en total 10 hechos. Hubo 9 hechos más iguales, donde los presos eran retirados de la cárcel con autorización del juzgado interviniente y luego eran muertos en supuestos enfrentamientos o intentos de fuga”.
¿Qué rol cumplió la Justicia en la última dictadura?
Los militares no podrían haber llevado el genocidio en la magnitud que llegó en el país, sin complicidad de vastos sectores sociales. Aquí hubo sectores empresariales, fábricas que facilitaron instalaciones para el secuestro y la tortura de sus comisiones internas; se señala también la complicidad de ciertos obispos que miraron para otro lado. La Justicia, una herramienta fundamental dentro de las instituciones democráticas fue, sin dudas, una parte importante en este proceso. Sin embargo, aún no tenemos a ningún juez procesado.
¿Qué respuesta tuvieron desde los organismos de Derechos Humanos en esta lucha?
El trabajo se está haciendo con los familiares de los fusilados. Algunos organismos que han puesto el acento en el trabajo por la búsqueda de familiares desaparecidos, no han vivido la experiencia del accionar de la Justicia, porque no estaban detenidos legalmente.
El miércoles pasado estuvo en Río Cuarto Luis "Vitín" Baronetto, secretario Adjunto de la CTA Córdoba y Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba. Participó en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de un video-debate sobre los fusilamientos de los detenidos en la UP 1 de la capital provincial convocado por la Organización Territorial Malón (OTM-CTA).
En el encuentro llevado a cabo al anochecer del miércoles 25 de marzo en el Concejo Deliberante, con la participación de más de medio centenar de personas, Luis Miguel Baronetto fue presentado por el secretario General de la CTA Río Cuarto, Carlos Valduvino. Con anterioridad, Baronetto intervino en una jornada similar, esta vez con los estudiantes del Colegio Industrial, invitado por la Juventud de la CTA de esa ciudad del sur cordobés.
Luis Baronetto sufrió la pérdida de su esposa Marta en los fusilamientos de la UP 1. Hoy pide por la sustitución de un miembro del tribunal que lleva la causa por haber tenido participación en el golpe.
“Marta era una maestra de Villa El Libertador, un barrio muy pobre. Ella misma era de un hogar bastante humilde. Era catequista en la parroquia y yo estaba estudiando para cura en ese momento. Nos encontramos y dejé el seminario. Ella siguió dando clases en la escuelita San José Obrero, que le decían ‘del tranvía’”, cuenta "Vitín" Baronetto, quien sufrió la pérdida de su esposa en la última dictadura militar.
Continúa: “Nos casamos en el barrio, yo estaba en el centro vecinal, militaba en la Juventud Peronista y después en el Partido Peronista Auténtico, que estaba ligado a Montoneros. Nos detuvieron en mi casa en agosto del ‘75, teníamos una hija de 8 meses en ese momento y después tuvimos otro hijo que nació en la cárcel el 16 de julio del ‘76. A ella la mataron el 11 de octubre de ese año”.
Hoy Baronetto es secretario de Derechos Humanos en la Municipalidad de Córdoba y secretario Adjunto de la Central de Trabajadores de la Argentina de la provincia de Córdoba y, con los familiares de quienes fueron fusilados junto a su mujer, está llevando a cabo un pedido particular en la causa que investiga el caso: que sea sustituido uno de los miembros del tribunal.
¿Cuál es el pedido de este grupo de familiares?
La causa, que casualmente todavía no ha sido elevada a juicio y que la Justicia federal ha venido marginando, es la que ya han nombrado: “La causa maldita de Córdoba”. Tiene que ver con el fusilamiento de 29 presos políticos que estaban legalmente detenidos en la cárcel y cuyo traslado fue autorizado por jueces y funcionarios judiciales de ese momento. Quizás ésta sea la particularidad más fuerte que tiene la causa de la UP 1, porque no se trata de desaparecidos, sino de presos legalmente detenidos.
Los hechos
El 11 de octubre de 1976, el general Juan Bautista Sasiaiñ firmó una autorización por la que permitía retirar de la UP 1 a los detenidos Florencio Díaz, Pablo Balustra, Jorge García, Miguel A. Ceballos, Oscar H. Hubert y Marta González de Baronetto. Todos ellos fueron fusilados cerca de la unidad penitenciaria.
Según los documentos del Nunca Más, Luis Miguel declaró en 1983: “El 11 de octubre de 1976, aproximadamente a las 16 hs, estando Marta detenida y alojada en la cárcel del barrio San Martín, Córdoba, fue retirada por personal militar sin motivo ni explicación alguna [...] Escasamente una hora después fueron fusilados a pocas cuadras de la cárcel. Marta presentaba varios impactos de bala en el rostro y su cuerpo denotaba haber caído a tierra.
Un comunicado militar firmado por el entonces coronel Vicente Meli, del Tercer Cuerpo de Ejército, informó que el vehículo en que eran trasladados fue interceptado por vehículos civiles entablándose un intenso tiroteo, a raíz del cual murieron todos los detenidos políticos”.
Baronetto comentó que en el marco de esta causa también se ha vinculado a Jorge Rafael Videla “porque según la Constitución, que no había sido derogada en el ‘76 sino supeditada a los estatutos del proceso, ningún preso puede ser retirado de la cárcel sin la autorización de la autoridad bajo cuya responsabilidad está el detenido”.
¿A qué juez está destinada la denuncia de los familiares?
Hemos denunciado ante el Consejo de la Magistratura al actual juez Carlos Otero Álvarez, integrante del Tribunal Oral 1, que estuvo en el juicio a Menéndez el año pasado y que volverá a estarlo en los juicios en la primera etapa del año. En aquella época fue secretario penal del Juzgado Federal número 1, y suscribió las autorizaciones para que fuesen retirados estos presos fusilados.
Baronetto continúa informando: “Supongamos que después del primer retiro que él autorizó haya sido sorprendido en su buena fe y quienes autorizó hayan sido matados, pero fueron en total 10 hechos. Hubo 9 hechos más iguales, donde los presos eran retirados de la cárcel con autorización del juzgado interviniente y luego eran muertos en supuestos enfrentamientos o intentos de fuga”.
¿Qué rol cumplió la Justicia en la última dictadura?
Los militares no podrían haber llevado el genocidio en la magnitud que llegó en el país, sin complicidad de vastos sectores sociales. Aquí hubo sectores empresariales, fábricas que facilitaron instalaciones para el secuestro y la tortura de sus comisiones internas; se señala también la complicidad de ciertos obispos que miraron para otro lado. La Justicia, una herramienta fundamental dentro de las instituciones democráticas fue, sin dudas, una parte importante en este proceso. Sin embargo, aún no tenemos a ningún juez procesado.
¿Qué respuesta tuvieron desde los organismos de Derechos Humanos en esta lucha?
El trabajo se está haciendo con los familiares de los fusilados. Algunos organismos que han puesto el acento en el trabajo por la búsqueda de familiares desaparecidos, no han vivido la experiencia del accionar de la Justicia, porque no estaban detenidos legalmente.
Además Vitín fue reconocido por el Concejo Deliberante de nuestra ciudad, declarándo la actividad y su presencia como de interés legislativo. Así también llegó la declaración municipal de la misma.
Baronetto recibió de manos de la Concejal Viviana Pomiglio, el dictamen resolutivo.
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