La organización rechaza el proyecto que ordena la
clausura y la instalación de lugares de alternancia. “Va a
clandestinizar a las trabajadores y las pondrá a merced de los
proxenetas”, dijo Eugenia Aravena, secretaria General de AMMAR.
Desde hora temprana las trabajadoras sexuales nucleadas en AMMAR se
ubicaron detrás de las vallas que restringen el ingreso a la legislatura
provincial. Montaron una radio abierta y se manifestaron a viva voz en
contra del proyecto de ley contra la trata enviado por el gobernador
José Manuel de la Sota. Por la tarde fue recibida en el recinto y leyó
un documento tras lo cual se originó un debate.
Durante el encuentro recibieron el reconocimiento como organización
pero se puso en cuestión que la actividad sea un trabajo. “Fue un
encuentro positivo” evaluó la dirigente a la salida de la legislatura a
las siete de la tarde. Contó que Juan Manuel Cid propuso ante sus pares
que sean invitadas a participar del trabajo en comisiones moción que
fue aceptada.
Eugenia Aravena, secretaria General de la organización gremial,
cuestionó que no hayan sido convocadas ni escuchadas antes de enviar el
proyecto a la unicameral. “Nosotras existimos, estamos organizadas,
tenemos un desarrollo, una personería jurídica, 800 afiliadas, estamos
dentro de la CTA, pero nos invisibilizan”, lamentó. Sin embargo, tras la
protesta ingresaron al recinto y leyeron el documento titulado “El
delito a combatir debe ser la trata de personas y la explotación sexual y
no una actividad lícita”.
“El Gobierno de la provincia de Córdoba en el afán de continuar dando la
lucha frontal contra el flagelo de la trata de personas, que tiene un
trasfondo sórdido, que atenta contra la dignidad esencial del ser
humano, pretende mediante este proyecto de ley, erradicar de todo el
ámbito de la provincia a las denominadas “wiskerías”, “boîtes”,
“piringundines”, “clubes nocturnos”, etc. que a la vera de las rutas que
atraviesan la provincia o de caminos provinciales”, argumenta el
proyecto de ley.
Asimismo, da por sentado que estos lugares de alternancia son
“prostíbulos encubiertos” y lo relaciona con el tráfico de personas
especialmente mujeres y niñas.
“El proyecto mezcla todo el tiempo la trata con la prostitución
cuando el trabajo sexual es una actividad legal. Nosotros afiliamos a
mujeres mayores de edad que deciden vivir de este trabajo libremente. La
trata es el rapto, la tortura, la esclavitud que en definitiva obliga a
una persona a hacer lo que no quiere. Este proyecto prohíbe todo”,
analizó la secretaria general.
Aravena consideró que si se aprueba el proyecto tal como está “el único
lugar para trabajar será la calle, y eso no va a ocurrir. Esto lleva a
clandestinizar la actividad y nos preocupa que las organizaciones que
luchan contra la trata planteen estas medidas prohibicionistas,
punitivas, que, en definitiva aumentarán las mafias. El Estado debe
proteger los derechos humanos de las mujeres”, afirmó.
“Si la explotación sexual y la trata son delitos, nos preguntamos por
qué no se investiga, si las leyes están. Esta ley que quieren aprobar le
dará más elementos a la Policía para que intervenga”, consideró y
advirtió que desde el gobierno se impulsa el agregado de un nuevo
artículo al Código de Faltas que penalice el trabajo de “copera”.
Sobre este punto dijo que en el juicio por la desaparición de Marita
Verón “está quedando clara la connivencia entre la mafia de la trata, la
policía y los jueces, de modo que todo esto es para tribuna. Es lo
mismo que pasa con el tema del aborto: las que pagan las consecuencias
son las mujeres pobres. Hay que hablar con menos hipocresía”, opinó. Por su parte, el secretario general de la CTA, Guido Dreizik, compartió
los argumentos de Aravena y acotó que “esta ley facilitará el
proxenetismo y marginará aún más a las compañeras. Contrariamente a
esto, AMMAR está trabajando en un proyecto de ley que legalice el
trabajo sexual y de esta manera poder aspirar a mejores condiciones de
vida”, afirmó
Dreizik separó la trata de la prostitución y recordó que “actualmente el
Código Penal y la ley 12331, sancionada en 1936, son dos cuerpos
legales que combaten la trata, el sometimiento a la esclavitud y
combaten el proxenetismo. Entonces, nos damos cuenta que esta es una
ampliación represiva que complementa la persecución a las trabajadoras”,
analizó.
También se encontraba presente el ex sacerdote de la parroquia San
Cayetano, Nicolás Alessio, quien desde su visión cristiana denunció que
“las trabajadoras sexuales son maltratadas por el poder, por ser
mujeres, pobres, y por el trabajo que han elegido. Sabemos que la trata
de personas esta manejada y coordinada por altos funcionarios políticos,
judiciales o de las fuerza de seguridad; entonces, hay que acompañarlas
porque defienden su trabajo y le piden a la sociedad que abra los ojos,
que no sea hipócrita. Esta ley encubre, el gobierno de de la Sota es
puro maquillaje”.
“Prohibir genera la coima, el negociado. Hay que legislar a favor de…
porque la prohibición no resuelve los problemas, los agrava”, concluyó.
El movimiento mundial “Marcha de las Putas” también le puso el cuerpo a
la concentración. “Estamos acá porque no creemos que esta ley vaya a
eliminar la trata. Creemos que se está cortando el hilo por la parte
más débil y no por donde pasa el negocio que son los políticos, la
policía y el poder judicial. Se está poniendo en juego por una cuestión
moral el trabajo sexual a quien lo ejerce sin molestar a nadie”, afirmó
María.
“Cerrar lugares públicos hace que también se vuelva clandestina la
trata”, agregó Jimena, otra de las mujeres que participa de esta movida
de protesta mundial que promete para el 20 de octubre próximo una
marcha en esta ciudad.
Estuvieron presentes acompañando la manifestación de las trabajadoras
sexuales miembros de diversas organizaciones de la sociedad civil como
Encuentro por la diversidad sexual, Fabiana Tron, de feministas, El
Malón, SIPOS, ATE, Movimiento Lucha y Dignidad, Mesa de Trabajo por los
Derechos Humanos, Alternativa LGTB, Islyma, entre otras organizaciones.
