Después de cuatro años y medio, el Juzgado Federal de Río Cuarto
decidió elevar a juicio la causa por las explosiones en la Planta Piloto
ocurridas el 5 de diciembre de 2007.
Por el incendio, fallecieron los docentes Miguel Mattea, Gladis
Baralla, Liliana Giacomelli, Carlos Ravera, Damián Cardarelli y el
alumno Juan Politano.
Según consta en la causa, “el día 5 de
diciembre de 2007, alrededor de las 10 horas se produjo un derrame de
miscela que provocó que gases provenientes del hexano se desparramaran -
presuntamente por efecto de la corriente de aire que ingresara desde el
portón ‘norte’-, hacia el lado sur de la Planta Piloto, donde,
presuntamente al tomar contacto con una fuente de calor (supuestamente
una autoclave para esterilizaciones, el que atento el estado en que se
encontraba luego del siniestro -válvula de gas abierto y con paquetes-
puede presumirse que se hallaba encendido), produjo una primera
deflagración que recorrió en sentido inverso a la dirección que habían
tomado los gases, hasta llegar a la parte central de la Planta Piloto
produciendo una gran columna de fuego y nuevas explosiones”. En la
planta, el grupo de investigación Gidpo realizaba pruebas de extracción
de aceites con hexano.
Por los hechos fueron procesados Carlos Bortis, ex vicedecano de
Ingeniería y ex presidente de la Fundación UNRC; José Luis Pincini, ex
secretario de coordinación técnica de la Universidad; Sergio Antonelli,
ex secretario de coordinación técnica de Ingeniería; Miriam Ferrari, ex
directora del Departamento de Tecnología Química; Edith Ducrós, ex
vicedirectora del Departamento, y la única sobreviviente del grupo de
investigación, Liliana Ruetsch.
Ayer, en el Campus, durante una asamblea organizada por la Asociación
Gremial Docente (AGD-CTA) que es querellante en la causa, los abogados
cordobeses que la representan, Claudio Orosz y Eugenio Biafore,
explicaron los avances de la causa y los pasos dados por el gremio
durante la instrucción. En la reunión, estuvieron los procesados, lo que
terminó extendiendo el debate, no sin cruces.
“Lo que se va a analizar ahora en el juicio, que difícilmente se
concrete este año, especialmente si el sorteo define al Tribunal Oral 1,
es la cadena de responsabilidades en función de las omisiones,
negligencias e incumplimientos a reglamentos y leyes que se habían
producido y que desembocaron en los hechos del 5 de diciembre de 2007”,
señaló Orosz a PUNTAL.
Por su parte, Biafore destacó que “es importante este paso de
elevación a juicio. Hay una ley de orden público que debió ser cumplida,
y lo que creemos es que hay distintos niveles de responsabilidad frente
a ese deber de cumplimiento de las normas de higiene y seguridad. Estas
disposiciones son obligatorias y lo son porque normalmente cuando no se
cumplen, el resultado casi previsible es este tipo de sucesos”, señaló.
Orosz explicó que en el juicio se valorará “el incremento más allá de
lo razonable del riesgo. Porque no se pueden discutir que hay
actividades riesgosas. Pero en determinadas condiciones se aumenta ese
riesgo más allá de lo razonable. Quién incrementó ese riesgo más allá de
lo razonable es lo que vamos a discutir en el juicio”.
Por último, la querella destacó la actuación del juez federal Carlos
Ochoa y también “la presencia del sindicato en el proceso que
constantemente ha colaborado ofreciendo pruebas con el objetivo único de
descubrir la verdad, lo que ahora adquiere relieve mucho más
importante”.
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