domingo, 16 de octubre de 2011

Sobre el Plan Estratégico Industrial 2020


Esta semana se lanzó el Plan Estratégico Industrial 2020 (PEI), con objetivos muy atractivos y que aluden a un imaginario del desarrollo en tiempos de la industrialización por sustitución de importaciones. Pero ya no estamos en la década del 60 ó del 70, en que la Argentina, como la mayoría de los países sustentaba una política productiva fronteras adentro, con productores y consumidores locales.

Incluso, los capitales foráneos invertían en la producción local para colocar el producido en el mercado interno.

El caso paradigmático es el de la Industria Automotriz, la que sobrevivió esa época en base a fortísimas políticas proteccionistas, que fueron eliminadas, primero en forma transitoria en el 81 y 82 bajo la administración de Martínez de Hoz y Videla y luego en los 90, con la consolidación de la apertura económica del menemismo. El sentido de las inversiones se modificó sustancialmente con la liberalización de la economía. Ya no se invierte para satisfacer las necesidades del mercado interno, sino que la inversión externa pasó a ser concebida como un enclave de producción para el mercado regional o mundial. De nuevo nos sirve la industria del automotor, que en la actualidad destina el 50% al mercado brasileño y más del 70% al mercado mundial.

Así como crece la industria del automóvil en la Argentina, también lo hace en China o en Corea, lo que explica la deslocalización de una de las industrias emblemáticas del capitalismo desarrollado. Es que resulta más rentable producir en los países de menor desarrollo relativo, donde los salarios son más bajos (en términos internacionales) que en el capitalismo desarrollado. No en vano, en Europa y EEUU la presión es por bajar salarios y derechos sociales adquiridos, tras décadas de luchas de sus trabajadores, como forma de bajar el para reducir costos de producción.

Planes, metas y modelo productivo

El PEI sostiene el objetivo hacia 2020 de “duplicar el PIB industrial y llegar a los 140 mil millones de dólares, con un crecimiento anual de 5%.” Es convergente con el ya presentado Plan Estratégico Agrario y Agroalimentario, que anuncia pasar de una cosecha de 100 millones de toneladas a 160 millones a fines de la presente década.

Suena adecuado hablar de plan agrario o industrial, luego de décadas de endiosamiento del mercado, como también resulta atractivo establecer metas de mediano y largo plazo. Es interesante instalar la necesidad del planeamiento estratégico en la producción, lo que nos lleva a discutir algunos interrogantes. Se trata de responder ¿qué debe producir la Argentina? ¿Cómo debe hacerlo? ¿Con quiénes y para quiénes?

Es cierto que no debe contraponerse el mercado interno al externo, o el campo a la ciudad; pero aun así hacen falta precisiones. No alcanza con destacar ciertas ramas de la producción, sea el cuero, la marroquinería, o los automotores, la maquinaria agrícola y la siderometalúrgica.

¿Cuero para quién? Es conocido la disminución del stock ganadero, tanto como el mantenimiento de la venta al exterior de nuestros cueros, lo que significa una merma en el abastecimiento de materia prima para la industria local, en general, pequeña y mediana, con impacto y secuelas en el empleo y el desempleo, la precariedad y flexibilidad laboral.

¿Automóviles para quiénes? De hecho, el país se convirtió en una ensambladora, con escasa participación de autopartes locales, base de la histórica cadena de valor industrial en el país de la sustitución de importaciones.

¿Maquinaria agrícola para qué modelo productivo agrario, sustentado en agricultura familiar, o bajo la dominación de las transnacionales de la biotecnología y la alimentación?

Del mismo modo vale interrogarse sobre cada una de las ramas seleccionadas en el PEI y destacadas en el discurso presidencial en Venado Tuerto: “Alimentos; Calzado, Textiles y Confecciones; Madera, Papel y Muebles; Materiales de Construcción; Bienes de capital; Maquinaria Agrícola; Autos y autopartes; Medicamentos; Software, y Productos Químicos y Petroquímicos.” Todas las cuales constituyen 11 cadenas de valor y que explican “El 80% del PIB industrial y más del 60% del empleo.”

No alcanza con metas de producción, si no se discute el modelo productivo. En los planes estratégicos anunciados, el agrario y el industrial, existe una potenciación de lo que existe. Eso que existe está fuertemente destacado en los balances del desarrollo productivo y en el mensaje presidencial sobre el Presupuesto 2012. En todos esos instrumentos se destaca el papel del agro, en especial de la soja (del que se destaca el peso de las retenciones y los fondos aplicados a municipios); de la minería y de la industria automotriz.

Perfil productivo y alternativa

En estos sectores está la base del perfil productivo de la Argentina, que tiene antecedentes en la institucionalidad de un tipo de desarrollo concebido en los 90, de apertura y liberalización económica.

Son tres sectores (soja, minería y automotores) mayoritariamente dominados por el capital externo y, como queda claro en los últimos meses, estos propietarios externos canalizan los excedentes económicos al exterior. Las remesas de utilidades al exterior son más importantes que los pagos de intereses, destacó la presidente en un acto reciente de la Bolsa de Comercio.

En la lógica discursiva se trata del predominio de un modelo productivo sobre otro especulativo y financiero, que de una manera u otra fuga capitales para satisfacer necesidades en el origen de esos capitales externos.

Insistamos que resulta adecuada la planificación, pero incluyendo en el debate el propio modelo productivo. Es importante el crecimiento de las inversiones; pero repitiendo un clásico nos interrogamos sobre transporte público y masivo, caso de los ferrocarriles, o privado e individual como el automóvil. Incluso, es correcto federalizar la industria e industrializar la ruralidad; pero otra vez; ¿qué industrias en las regiones, con qué destinos y que sujetos constituir para ese desarrollo? Para que se entienda, ¿qué pasa en Villa Constitución con los 700 trabajadores despedidos de Paraná Metal? ¿Cómo se inserta una solución para ellos en el PEI?

Igual que con ellos, ¿qué hacer con las empresas recuperadas por sus trabajadores? ¿Es posible generar un diagnóstico federal que involucre a los desocupados, a las empresas ocupadas, y que los contraste con las necesidades insatisfechas de las poblaciones en que se asientan?

En su momento dijo el ministro de Economía que los países del Mercosur producían alimentos para 1.200 millones de habitantes y que la Argentina es capaz de una producción para 400 millones, 10 veces más que la población según el último censo. ¿Es posible la industrialización rural sustentada en agricultura familiar? ¿Se puede integrar una industria rural, de maquinarias e insumos para el campo con el desarrollo pequeños productores agropecuarios, de comunidades de pueblos originarios?

Los comentados esfuerzos, de la Universidad pública para el desarrollo de tecnología productiva, industrial, agraria, o minera, destacados en el discurso presidencial, ¿pueden tener en cuenta un modelo productivo pensado en satisfacer necesidades locales, de empleo, de cuidado de los recursos naturales, más que en la provisión de tecnología y métodos de gestión para el lucro?

En fin, es bienvenido recuperar la noción de planificación, incluso participativa, integral, que articule sujeto popular. Para ello se requiere la discusión del proyecto de país, en la opción de un territorio o mercado “emergente”, tal como les gusta definir a los inversores globales a los países que generan condiciones para sus proyectos rentables; o un modelo productivo que privilegie satisfacer necesidades articuladamente con otros países de la región y del mundo.

Modelo de desarrollo e integración productiva

Es correcto planificar en el país, pero debe estimularse el acercamiento a procesos de integración productiva en la región. Es cierto que hay países vecinos renuentes a una cooperación productiva, pero es cierto también que el escaso avance en ese sentido surge de iniciativas que promueven los países integrados en el ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas.

La realidad es que de lo que más se discute es sobre la nueva arquitectura financiera en la región, y por eso destacamos en su momento la aprobación parlamentaria en Argentina del Banco del Sur y otras iniciativas de orden financiero enunciadas, aunque remotas en su aplicación. Pero en la coyuntura lo que avanza son integraciones energéticas entre los países centroamericanos y caribeños con Venezuela.

¿Es posible planificar un acercamiento a esos procesos de integración productiva?

No solo es posible, sino que es necesario, es más, imprescindible, si se quiere avanzar en un proceso de independencia de las transnacionales que subordinan nuestro desarrollo a sus apetencias de ganancias y acumulación.

El marco de la crisis mundial impone rupturas con modelos productivos que surgieron del paradigma neoliberal, hegemónico en los 90´. Los sectores más dinámicos de la producción argentina remiten a la institucionalidad de aquellos tiempos, y en la región hoy se procesan nuevas experiencias que bien vale la pena protagonizar. El interrogante sería entonces, ¿por qué no pensar en planes estratégicos de articulación productiva en nuestra América?

Córdoba La Unicameral apoya el reclamo de Locutores por su Identidad

El cuerpo legislativo aprobó un proyecto de declaración por el cual insta al gobierno nacional a dar una urgente solución al reclamo de los locutores de oficio que impulsan, junto al Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA), el colectivo Locutores por su Identidad (LPSI).

La Legislatura de la Provincia aprobó el 12 de octubre por unanimidad un proyecto de declaración para que 2500 locutores cordobeses sean encuadrados en la nueva Ley de Medios.

Se trata de una iniciativa impulsada por el legislador Sergio Busso, presidente provisorio de la Legislatura provincial, a través de la cual se insta a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) a que “arbitre los medios necesarios para lograr una pronta y eficaz resolución al conflicto suscitado”.

Cabe recordar que, con la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 2500 locutores cordobeses y, aproximadamente, 30.000 en el resto del país -con trayectoria e idoneidad- quedaron excluidos por los artículos 154 y 155 de la reglamentación de la nueva legislación.

Estos artículos, heredados de la vieja Ley de Radiodifusión sancionada por la dictadura, establecen la habilitación del locutor sin ofrecer los mecanismos democráticos mínimos y necesarios (como la carrera de Locutor pública y gratuita en todo el país) a los ciudadanos que así lo requieran.

De esta manera, hoy en la provincia de Córdoba la única posibilidad de acceder a la habilitación es a través de instituciones privadas abonando altos aranceles que no están al alcance de todos. Por ello, muchos locutores con más de 20 años de trayectoria se encuentran fuera de la ley.

Busso subrayó el interés del órgano legislativo en que esta situación se resuelva en lo inmediato y agregó: “Siempre es bueno que la Legislatura de Córdoba, que expresa todas las vertientes políticas y es un poco la institucionalidad desde el punto de vista de la representación popular, genere este tipo de preocupaciones y adhesiones. En ese sentido me parece que es un apoyo importante y que, con la lucha de LPSI, se llegará a buen término”.

Con la aprobación del proyecto, la Legislatura de la Provincia de Córdoba impulsa el dialogo, la gestión y la inmediata solución a la precariedad laboral de 2500 locutores cordobeses.

A la aprobación del proyecto concurrieron los compañeros de Locutores por su Identidad (LPSI) acompañados por el secretario Gremial del Cispren, Víctor Beccaria.

Río Cuarto: Puja redistributiva ATE reivindicó el desgongelamiento de la antigüedad a los municipales


Bajo el lema "Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio", la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) Río Cuarto reivindicó el descongelamiento de la antigüedad a los empleados municipales, y volvió a cuestionar la persecución y discriminación gremial de que es objeto por parte de las autoridades del Municipio de esa ciudad del sur cordobés.
La declaración señala textualmente:

"La Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) Río Cuarto saluda que finalmente el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), ante la voluntad de lucha demostrada por los compañeros y nuestro sistemático reclamo, haya decidido descongelar la antigüedad de los trabajadores municipales. Así queda demostrado que no era necesario abandonar los 220 juicios que hay en trámite para cobrar el retroactivo, tal como lo viene planteando ATE frente a la negativa del DEM y del Sindicato de Trabajadores Municipales que, tal su práctica, se alinea acríticamente con la patronal.

"Por eso fuimos al Concejo Deliberante a reclamar que se sancione una Ordenanza que ponga fin a una injusticia de 16 años, convencidos de que la prosecución de los juicios no impedía las negociaciones con la Municipalidad para descongelar la antigüedad.

"Por ese entonces, y haciéndose eco de la línea bajada por el DEM, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales aseguraba que “mientras haya juicios pendientes, las autoridades no se sientan a negociar”. Es más, admitió que estaban “hablando para que desistan de su reclamo judicial y faciliten la discusión”, operando como ariete y apretando a los trabajadores para que desistan de reclamar sus derechos ante la Justicia.

"ATE lo sostuvo una y otra vez: La prosecución de los juicios depende de la Justicia y el descongelamiento de la antigüedad del DEM o, en su caso, del Concejo Deliberante, que puede dictar una nueva ordenanza, que no necesariamente se refiera a la irregularidad del congelamiento, sino que habilite la vigencia del ítem como corresponde, el 2 por ciento anual de ahora en adelante.

"En medio del escándalo de Gamsur-Cotreco y urgido por necesidades electorales, el intendente Juan Jure, coherente con su adscripción al modelo de “unicato” sindical, vuelve a dejar de lado a ATE como uno de los interlocutores por la parte gremial en la mesa de negociaciones. No se banca una organización autónoma de los gobiernos, los patrones y los partidos políticos. Necesita de sindicatos obedientes y funcionales a los intereses del poder.

"ATE reivindica que, pese a esta nueva maniobra de discriminación sindical, lo que parecía imposible hasta hace unas horas ya no lo es. Desde 2007 primero y con más fuerza desde 2009, venimos peleando por estas reivindicaciones. Los que hicimos asambleas, paros y movilizaciones para llegar a este punto fuimos los trabajadores municipales afiliados a ATE. El Sindicato de Trabajadores Municipales no hizo ni un minuto de silencio porque está totalmente subordinado a la estrategia de la patronal.

"Pasando en limpio, ATE viene exigiendo tres cuestiones básicas en la agenda de discusión con la Municipalidad: Recomposición salarial, descongelamiento de la antigüedad y actualización y unificación de las Asignaciones Familiares.

"Una recomposición salarial de urgencia, para ahora, porque la inflación no espera, y no para el año que viene como se ha pactado; la actualización y unificación de las Asignaciones Familiares con las que paga la Nación, que superan ampliamente los 120 pesos acordados, y el descongelamiento de la antigüedad por el que concurrimos, incluso, al Concejo Deliberante.

"En buena hora que luego de tanta indiferencia oficial el DEM haya tenido que poner estos temas sobre el tapete obligado por la presión unitaria ejercida por los compañeros que no se resignan a ser los últimos orejones del tarro.

"La realidad es la única verdad. Y, como se sabe, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio", concluye la nota firmada por Federico Giuliani y Rafaela Alcoba, secretario general y secretaria Adjunta de ATE Río Cuarto respectivamente.

lunes, 3 de octubre de 2011

La CTA en la Feria del Libro Juan Filloy


A través de la presente la Comisión Directiva de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) Regional Río Cuarto, quiere invitar a toda la comunidad a visitar la Feria del Libro "Juan Filloy" que se desarrollará entre los días Miércoles 5 al Lunes 11 de Octubre en la Plaza Central de de nuestra ciudad. Los horarios de la misma serán Miércoles, jueves y viernes de 9.30 a 13 hs y de 15 a 22 hs.,Sábado de 10 a 13 hs y 16 a 22 hs.,Domingo y lunes de 16 a 22 hs. La CTA participará con un stand propio por segundo año consecutivo, en esta oportunidad tendremos a la venta dvd´s y libros de nuestra propia editorial, los cuales se ofrecerán al público a un precio sumamente popular. A su vez invitamos también a las tres actividades que la CTA organizó para la Feria: *Jueves 6 de Octubre 18 hs. en el Salón Blanco de la Municipalidad presentación del libro "El manual del delegado". Se contará con la presencia del Director del Observatorio Jurídico de la CTA Dr. Horacio Meguira. CTA Ediciones. *Viernes 7 de Octubre 18 hs. en la Carpa Roja presentación del libro "Lo que somos". Se contará con la presencia del autor Juan Carlos "Pipón" Giuliani. CTA Ediciones. *Muestra de las tapas de la Revista Barcelona. Los esperamos a todos y agradecemos su difusión.




Julia Giuliani Federico Giuliani
Secretaria de Prensa CTA Secretario General CTA
Regional Río Cuarto



Ordóñez ataca a la ATE porque no se subordina al Gobierno Municipal


La Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) Seccional Río Cuarto, repudia las declaraciones del secretario de Gobierno de la Municipalidad, Carlos Ordóñez, quien descalifica sistemáticamente a nuestra organización sindical utilizando términos tales como “actitud siniestra” o “patoteril” propios de otra epoca, mientras concurre con la subsecretaria de Recursos Humanos, Libia González, a apretar a los trabajadores y meter miedo para que no se sumen a las justas medidas de fuerza que venimos llevando adelante en reclamo de una urgente recomposición salarial, el descongelamiento de la antigüedad y la unificación de las asignaciones familiares.

Ordóñez hace jueguito para la tribuna cuando pretende vincular al cierre de las cajas en Economía con supuestos problemas para la percepción de los salarios de los empleados municipales. Desde hace meses la Municipalidad no cumple con su obligación de pagar en tiempo y forma los sueldos, incluso el pago del aguinaldo se vio atrasado porque tiene sus números en rojo fruto de una administración irresponsable y errática.

El Gobierno de Jure, con Ordóñez como su principal vocero, viene persiguiendo sindicalmente a los trabajadores afiliados a ATE en el Municipio, ninguneando a sus delegados, desconociendo la historia de esta organización nacional que ostenta la Personería Gremial Nº 2, y ejerciendo maniobras típicamente discriminatorias y de deslealtad patronal.

Sería bueno que Ordóñez se dedicara a su tarea de gobernar, que para ello cobra su salario pagado por todos los riocuartenses, a solucionar los problemas de los ciudadanos y las reivindicaciones de los trabajadores municipales, en lugar de andar haciendo imputaciones irresponsables y a la ligera. Para su conocimiento, le avisamos que el secretario general de ATE Río Cuarto representa a todos los trabajadores estatales del sur de la provincia sean municipales, provinciales o nacionales, y no por estar puesto a dedo sino porque fue electo por segunda vez consecutiva a partir del voto secreto y directo de los afiliados a esta Seccional.

ATE quien si tiene legitimidad y representatividad en el municipio por tener mas de 300 afiliados, no va a tolerar insultos ni diatribas de los funcionarios de turno del Departamento Ejecutivo Municipal incapaces de resolver las problematicas de fondo de nuestra ciudad, y que han elegido como blanco de sus ataques a un gremio que no transa, no claudica, no se subordina, ni se vende, que es autónomo de los gobiernos, los patrones y los partidos políticos. Con firmeza, compromiso y responsabilidad, daremos todas las respuestas gremiales, políticas y legales que sean necesarias en defensa de los legítimos derechos de la familia municipal.

Por último, se comunica a la población que después de la marcha de hoy al Concejo Deliberante, se ha decidido mantener el estado de asamblea permanente y, de ser necesario, volver a movilizar, en este caso al Palacio Municipal, este martes.

Alcira Gigena: denuncian despidos encubiertos de empleados municipales

Un grupo de trabajadores y representantes del gremio ATE realizó ayer una asamblea en las puertas de la Municipalidad local para reclamar la reincorporación de los seis empleados cesanteados, entre jornaleros y contratados.

Previo a las elecciones municipales, el gremio venía manteniendo un diálogo con las autoridades municipales a los fines de acordar un modo de pase a planta permanente de un grupo de obreros, pero tras los comicios todo cambió.

“Creemos que esta es una actitud revanchista de la intendenta, María Susana Chiofalo, que como perdió las elecciones tomó este tipo de actitud hacia un grupo de empleados que tienen años trabajando para el Municipio y están bajo la nefasta figura de contratados o jornalizados”, manifestó Walter Avalos, secretario gremial de ATE.

Y agregó que en su argumento el Municipio plantea una necesidad de achicar el personal pero que en la práctica no ocurrió, ya que los puestos dejados vacantes por los cesanteados fueron cubiertos inmediatamente con la incorporación de otros empleados.

Del personal que fue desafectado, en el caso de los contratados tienen hasta 12 años de antigüedad, mientras que los jornaleros superan el año y medio. “Sobre estos pedíamos su pase a planta permanente, pero la intendencia decidió una cesantía de contrato que en realidad consideramos que se trata de despidos encubiertos”, puntualizó Federico Giuliani, el secretario general del gremio.

A pesar de ser el Municipio el que convocó a la negociación a través del Ministerio de Trabajo de Córdoba, en las audiencias pactadas no se lograron respuestas, y en el caso de la última convocatoria, ningún representante del gobierno de Alcira se hizo presente. “Ellos fueron quienes plantearon la instancia de la negociación, y luego no se presentaron”, expresaron los representantes del gremio.

La última audiencia debía realizarse el pasado lunes. Ante esta situación que tiende a agravarse, desde el gremio ATE se informó que se continúa en estado de alerta y asamblea permanente. “El viernes volveremos a reunirnos frente al edificio municipal a la espera de respuestas. Si nada ocurre, comenzaremos ya con un plan de lucha más firme que contemplará movilizaciones y convocatoria a otros sectores del pueblo, donde hay una manifiesta disconformidad con el accionar de este gobierno”, sostuvo Giuliani. Agregó que en cuanto a las fuentes laborales de los trabajadores cesanteados no hay instancia de negociación: “Reclamamos la urgente restitución en sus puestos. Nosotros hemos demostrado voluntad de diálogo, pero el gobierno opta por el silencio”.

Los reclamos

También el gremio ATE repudió los “malos tratos y presiones que soportan los trabajadores de los distintos sectores municipales”, al tiempo que reclama la entrega inmediata del estatuto de los empleados municipales.

Con respecto a las vacaciones, Giuliani indicó que hoy en esta localidad los municipales no pueden disponer de las mismas, sino que es la intendencia quien decide. Agregó que a la mayoría de los empleados se les adeudan días de licencia de años anteriores y que en algunos casos llegan a acumular más de 100 días.

“ATE lamenta llegar a esta situación. Hasta el momento siempre demostró buena voluntad y vocación de diálogo en todas las negociaciones que buscó llevar a cabo con el Ejecutivo municipal, pero estas acciones del Gremio han encontrado como respuesta reacciones malintencionadas y que atentan contra los derechos básicos de los trabajadores municipales”, señala un comunicado difundido por los representantes gremiales.


Contra la criminalización de la protesta Miles de trabajadores se movilizaron por la libertad de Sobrero

Mientras que por los canales de televisión sólo se hacía alusión al “caos de tránsito”, miles de personas y organizaciones obreras marcharon desde el Congreso de la Nación hasta la Plaza de Mayo exigiendo la libertad del Pollo Sobrero y porque se termine de una vez con la judicialización de la protesta social y de la organización de los trabajadores que cuenta con más de 5 mil procesados en todo el país. Pablo Micheli encabezó la columna de la CTA.

"Marchamos porque lo que ocurre con el caso de Sobrero es un escalón más en la criminalización de la protesta social por parte de la Justicia y del Gobierno que no tolera que haya dirigentes que piensen distinto y defiendan los intereses de los trabajadores. Creen que con este método lo van a lograr", le dijo a ACTA Pablo Micheli mientras encabezaba la columna de la CTA. "Vamos a seguir en la calle, organizados y movilizados", sostuvo el secretario general de la CTA.

En esa misma línea, el diputado nacional Claudio Lozano, compartió: “Marchamos porque forma parte de una escalada represiva que ha tenido episodios concretos, asesinatos y operativos donde el Gobierno, con la ayuda de jueces, interviene para montar operativos que involucren o acusen a dirigentes como en este caso el Pollo Sobrero o directamente para intervenir sobre organizaciones como puede ser el caso de tratar de mantener a Yasky en la secretaría general de la CTA”.

Haciéndole frente al frío viento de la tarde, organizaciones como la CTA, SUTEBA, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento de Liberación y Libertad, Proyecto Sur, el MAS, el Partido Obrero, la Izquierda Unida, los Estibadores de Pie, entre otros, caminaron con la firme decisión de no permitir más el pisoteo de la Justicia y del Gobierno.

“Se trata de un operativo político. No tiene ningún tipo de posibilidad de sostenerse en el tiempo porque si las pruebas son las que aparecen en los medios son insuficientes, son escasas y sobre todo desde el punto de vista de asociación ilícita. Desde el punto de vista procesal, el hecho de que el juez haya primero pedido la prisión antes de la indagatoria es claramente un operativo político, por eso creo que la reacción fue unánime desde todos los sectores del movimiento obrero porque fundamentalmente se trata de algo advertido por todos”, explicó Horacio Meguira, director del Observatorio Legal de la CTA.

“Todos sabemos que ese es el proceder en estas etapas del desarrollo capitalista: no es nueva la persecución sindical en tiempos donde se necesita restringir derechos para efectuar ajustes. Ya el ajuste inflacionario parece como insuficiente, estamos en los albores de un nuevo ajuste que se efectuará con todo el peso político electoral, entonces ante eso, aviso a los dirigentes sindicales”, enmarcó Meguira el encarcelamiento de Sobrero.

“Estamos frente a un mensaje mafioso que no sólo cuestiona la libertad y la democracia sindical sino que manda un mensaje a los luchadores sociales que están procesados como lo estaba Sobrero y que un buen día le pueden golpear la puerta de su casa en autos no identificados, con personal civil y puede terminar incomunicado con su casa allanada. Es de una gravedad institucional muy seria”, dijo Carlos Chile, secretario general de la CTA Capital Federal. En este sentido, Chile advirtió que este hecho puntual no sólo es grave para la libertad y la democracia sindical sino “fundamentalmente para la libertad y la democracia de todos los argentinos”.

Mientras la gran columna humana ocupaba toda la Avenida de Mayo y caminaba con pasos firmes hacia la histórica Plaza de la Revolución, Hugo Blasco, secretario de Derechos Humanos de la Central afirmó: “a pesar de todas las invocaciones a los derechos humanos por parte del gobierno, realmente estamos muy distantes de eso. Esta actuación de la justicia, que no nos llama la atención, es casi un calco de la represión en Libertador San Martín. Estamos hablando de una intención del poder económico y con su brazo político de disciplinar. Mientras esto ocurre y el Jefe de Gabinete sale a decir lo que dijo, no dicen nada de los 5 años de la desaparición de Jorge Julio López o los casi 3 años de desaparición de Luciano Arruga. Es la misma justicia que absuelve a Menem, que permite que Jaime y que Grassi estén libres. Pareciera ser que hay una asimetría marcada entre la justicia para algunos que representan al poder y una justicia para el pueblo trabajador”.

Rubén “Pollo” Sobrero fue detenido en su casa de Haedo, golpeado y encapuchado frente a su hijo, acusado de encabezar una asociación ilícita. Junto a él fueron detenidos su vocero Leonardo Portorreal y otros dos sindicalistas. Las detenciones fueron dispuestas por el juez federal Juan Manuel Yaij, respaldado por el jefe de Gabinete del gobierno nacional, Aníbal Fernández.

“Estamos reclamando la inmediata libertad de Sobrero en esta causa amañada por el poder”, le dijo a ACTA Hugo “Cachorro” Godoy, secretario adjunto electo de ATE nacional. “Sobrero, los compañeros trabajadores de la Unión Ferroviaria del Sarmiento han venido peleando por sus derechos, han construido en esas regionales un sindicato fuerte que no tranza con las patronales y que reclama la recuperación del ferrocarril para los argentinos. Nosotros desde la CTA somos parte de esa línea de conducta, más allá de que Sobrero esté o no esté en la CTA porque la lucha de los trabajadores por la justicia social, por la defensa de la soberanía nacional, por la defensa de las empresas del Estado en manos del pueblo argentino es una sola lucha y por eso es que estamos hoy aquí”, agregó el dirigente.

A su lado, Francisco “Pancho” Montiel, secretario general de los Estibadores de Pie añadió: “esta es una clara decisión del gobierno de judicializar la protesta social y de meter preso a todo aquel que reclame con independencia de la burocracia sindical, de los patrones y de los partidos políticos en el poder”.

En la marcha también estaban los trabajadores del Hospital Francés nacionalizado en PAMI. David Garuti, delegado de ATE en el Hospital compartió con ACTA: “marchamos por la libertad de los compañeros ferroviarios porque en este país le siguen garantizando la libertad a Menem, a Jaime y a todos los que vaciaron al país y a los que están luchando en contra de este modelo como es el caso de los ferrocarriles, bueno a ellos se les cae por hacer esta denuncia y por estar siempre respetando los derechos de los trabajadores”. Alzando la voz para hacerse oír por sobre los bombos, Garuti agregó:

“Exigimos ya la libertad de los compañeros ferroviarios, de los compañeros petroleros, de la UOCRA de Lomas de Zamora y el desprocesamiento de los 5 mil luchadores en todo el país. En ATE tenemos más de 700 compañeros procesados por luchar que vienen de la época del Menemismo así que estamos reclamando que se termine con la judicializacion de la protesta”.

Ana Gorría, miembro de Derechos Humanos del Movimiento de los Estibadores de Pie, lo acompañó: “marchamos por la libertad de los compañeros en esta causa armada y contra la criminalización de la protesta. La clase obrera tenemos que estar en estado de alerta, unidos y movilizados”.

Córdoba Se presenta el libro sobre Derechos Humanos de Luis "Vitín" Baronetto

Córdoba
Se presenta el libro sobre Derechos Humanos de Luis "Vitín" Baronetto
Martes 4 de octubre de 2011

El libro reúne textos muchos de ellos escritos y publicados durante su actuación en la función pública ejercida desde la Dirección de Derechos Humanos. La presentación del libro de Miguel Baronetto, ex secretario adjunto de la CTA Córdoba, será este miércoles a las 19.00 en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba.

La edición ha puesto especial énfasis en las connotaciones políticas del trascendental juicio de la UP1, realizado en Córdoba en el 2010. Además rescatan su participación en debates de problemáticas públicas abordadas desde la gestión estatal, tales como la reforma judicial, discapacidad, salud mental, educación, privación de la libertad, entre otros.

La edición define a la publicación como un conjunto de “escritos de militancia, sin pretensiones académicas donde se destaca la búsqueda de justicia como valor que debe animar las políticas de Estado en las diferentes demandas de los sectores más empobrecidos de la sociedad”.

“Pero Justicia también como institución republicana encargada de aplicar la ley para evitar la impunidad y contribuir a la calidad de la convivencia democrática. Y en este aspecto el compromiso de acciones concretas en la denuncia de complicidades, procurando mayor transparencia para juzgar los delitos de lesa humanidad”.

Asimismo subraya que “los derechos humanos y la justicia se valoran o se vulneran en contextos políticos que no pueden soslayarse para comprender sus limitaciones, pero también sus desafíos y responsabilidades ineludibles como sociedad que pretende avanzar en calidad de vida y ciudadanía. Por eso la importancia de la política en el análisis y reflexiones de los textos publicados, que mantienen el estilo y hasta un lenguaje particular según los destinatarios originales”.

Ediciones Tiempo Latinoamericano, invita a participar de este evento con la idea de “contribuir a ampliar un debate necesario en la actual realidad política” a la vez que pone a consideración una gestión concreta desde el Estado a favor de los derechos humanos.

La presentación será el miércoles 5, en la sala Vélez Sarsfield de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba, sita en Obispo Trejo 442, a las 19 horas, con la participación de Rafael Velasco (Rector de la UCC) y los periodistas Luis Rodeiro y Ricardo Fonseca.

Criminalización del sindicalismo

La detención de cinco sindicalistas de la Unión Ferroviaria generó reacciones de todos los sectores del movimiento obrero. Aun con distintos fundamentos la CGT y la CTA alertan sobre el peligro de generalización de este tipo de medidas.



* Director del Departamento Jurídico de la CTA

El formato elegido por la fiscalía y el Juez: detenerlos un viernes para indagatoria un lunes, es indicativo de que se buscó un efecto mediático.

Si sumamos las veloces declaraciones del jefe de Gabinete Aníbal Fernández, es fácil deducir que no es una medida de rutina, tiene “dedicatoria” .

En un estado de derecho pleno, la igualdad ciudadana se refleja en la intervención de los poderes públicos en la represión. Tendría que ser indiferente la “condición” del imputado de un delito ya sea empresario, trabajador o funcionario público, pobre o rico. Cuando ello no sucede, cuando las normas no se cumplen y las excepciones superan a la regla, los poderes del Estado carecen de credibilidad y se crea una situación anómica y de impunidad.

Ante ello necesariamente caemos en la comparación: ¿Por qué Ricardo Jaime permanece libre aun con fuertes presunciones de enriquecimiento ilícito y delitos contra la administración? ¿Por qué el padre Julio C. Grassi cumple su condena en su domicilio? ¿Por qué Carlos Menem resultó absuelto de la causa sobre venta de armas? ; y lo contrastamos con otra pregunta: ¿por qué Rubén Sobrero y otros cuatro representantes de trabajadores fueron apresados? Aun cuando sabemos que hay una multiplicidad de causas, no podemos dejar de pensar que es por su condición de dirigente sindical y representantes de los trabajadores, y nos lleva a contextualizarlo en la situación socio-económica.

La “criminalización de la protesta social” disminuyó, pero nunca cesó. En el Gran Buenos Aires y en algunas provincias los referentes de las protestas son represaliados con iniciación de causas antes, durante y después del conflicto. Y en el último tiempo esta tendencia se ha acentuado. No solamente se han multiplicado los casos de “penalización” sino también hubo muertes.

Trece referentes sindicales y sociales han sido asesinados y las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas. Salvo en el caso de Mariano Ferreira, las demás causas mantienen la impunidad de los responsables. Y hay otras modalidades que confirman dicha tendencia. Es el caso de José María Castrillo, Secretario Gremial del Sindicato de obreros de Ingenio La Esperanza, cuyo domicilio fue baleado el 20 de agosto, después de una huelga por mejoras salariales.

No se pueden dejar de relacionar estos hechos con los dichos de la Presidenta respecto a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo: en un discurso por cadena cuestionó una medida de fuerza. Sus incesantes pedidos de “prudencia” tanto en los conflictos como en las negociaciones colectivas parecen advertencias. Hay causales convergentes que inducen a pensar que el Gobierno va a influir para debilitar al movimiento sindical . Ya no le basta ya con la injerencia en la vida interna de las asociaciones, sino que requiere de intervenciones más fuertes.

Los sindicatos argentinos han crecido en estos años.

La estrategia pos 2001 de transferir el conflicto territorial al conflicto en la producción los favoreció notablemente. Recuerdo las declaraciones de los representantes de la UIA en el 2003 añorando al “conflicto virtuoso”, con referencia al que se producía en la contradicción capital-trabajo, en contraposición a la anarquía del territorio.

La negociación colectiva y la lucha económica posibilitaron que las organizaciones crezcan.

Vanos fueron los intentos de poner topes en el aumento de los salarios, o el de fraguar el “costo de vida” para “regular” el funcionamiento de las paritarias. La conflictividad se fue desplazando desde el territorio a la fábrica y desde el Estado al sector privado.

El Gobierno debe afrontar ahora cambios. Los distintos indicadores económicos van generando “alarma anaranjada”. La crisis internacional y el posible déficit en el comercio internacional parecen indicar que no es suficiente la inflación sea el término de “ajuste”: requieren ponerle “tope” a las negociaciones salariales y los salarios reales deben decrecer.

Para darle continuidad al “modelo”, el Gobierno necesita ampliar los términos del “ajuste” . Todo parece indicar que dicho ajuste se dirige a los trabajadores formales incluidos en la negociación colectiva. No basta con el 37% de trabajadores no registrados y el 50% precarizados. El Gobierno busca debilitar el poder de los sindicatos y parece, a ese fin, dispuesto a diversificar sus métodos . Los votos obtenidos en las primarias más los que obtengan el 23 de octubre serán el emblema.

El miedo a perder el puesto de trabajo ante la crisis será la herramienta.

Son impredecibles las consecuencias que estas acciones puedan producir en los sindicatos y en la relación capital-trabajo. Si continúa el intento, se irán modificando las relaciones políticas entre los distintos sectores que lo componen. Los contenidos de los comunicados de las dos centrales obreras parecen conocer el proceder del Gobierno y advierten que no están dispuestos a resignar sus conquistas.

Encuentro sindical de fronteras Acuerdo de cooperación entre las Centrales Sindicales de Bolivia y Argentina

Con la participación de trabajadores, dirigentes sindicales, delegados gremiales y asesores legales de Argentina y Bolivia, se llevó a cabo el Encuentro Sindical de Frontera en las ciudades fronterizas de Bermejo (Bolivia) e Hipólito Yrigoyen (Orán-Salta), organizado por la COB (Central de Obreros Bolivianos), la organización de la ISCOD (Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo) y la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina).
Durantes las jornadas de los días 29 y 30 de septiembre, se arribaron a importantes conclusiones que permitirán el trabajo conjunto de las organizaciones que intervinieron para mejorar las condiciones de trabajo de los migrantes en ambos países, facilitar el tránsito en zona de frontera, solucionar temas aduaneros, entre lo más destacado.

Bajo el lema “el trabajo y los derechos no tienen fronteras ni nacionalidad-internacionalismo proletariado en acción-“, hubo acuerdos entre la CTA, COB y el ISCOD para comenzar a dar respuesta a los diferentes planteos que fueron surgiendo a lo largo de las jornadas de debate.

Una de las medidas resueltas es combatir las condiciones de trabajo infrahumanas y los bajos salarios de los trabajadores bolivianos que se desempeñan en los ingenios azucareros de Salta y Jujuy. El testimonio de Rafael Vargas, Secretario General de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, graficó “la explotación que sufren en el Ingenio, con sobrecargas de horas de trabajo, soportando altas temperaturas haciendo acopiar manualmente a los trabajadores para cuidar las máquinas; además de las condiciones de vivienda y hacinamientos que provocan consecuencias negativas para la salud”.

También se realizarán campañas informativas con material gráfico que contenga indicaciones sobre como proceder como inmigrante en cuanto a hacer trámites aduaneros, permanencia en otro país, controles fronterizo de gendarmería, etc.

Al leer las conclusiones y propuestas, Carolina Ocar, integrante de la Mesa Nacional y responsable del Área Migraciones de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA, destacó: “Impulsar instancias de formación sindical, formación en derechos laborales, humanos, sociales y económicos, hacer una presentación entre la COB y la CTA que se manifieste contra la explotación laboral y por mejores condiciones de trabajo para ser remitidas al Ministerio de Trabajo de Argentina, a las Direcciones de Trabajo de Jujuy y Salta y a las patronales Roggio, Ledesma, Tabacal, etc. Para que se mejoren las condiciones de trabajo y vivienda en los lotes”.

En su conclusión el Secretario General de la CTA Jujuy, José del Frari, sostuvo que “hemos armado una estructura con propuestas, con mecanismos de control y para profundizar los lazos. Mejorar la calidad de vida del migrante y de la clase trabajadora en general.

Por la CTA participaron Fernando Acosta, Secretario de Interior; Carolina Ocar, responsable del Area Migraciones de la Secretaría de Relaciones Internacionales; y los secretario generales de la CTA Salta, Vuenaventura David, y Jujuy, José del Frari.

La delegación de la COB está encabezada por su secretario de Prensa, Bruno Apaza, acompañado de dirigentes de las departamentales de Tarija, Yacuiba, Villamontes, Villazón y Bermejo.

En tanto que también asistieron representantes de los sindicatos azucareros de Salta y Jujuy y seccionales de Salta Capital, Orán, Salvador Mazza, Tartagal, Moldes, General Güemes, Colonia Santa Rosa, Pichanal, y de Jujuy, Salvador y La Quiaca.

Bienes naturales y modelo productivo Un congreso por el otro campo


Un extenso cartel, escrito a mano y colgado en el hall de entrada, expone uno de los problemas del país: “El 2 por ciento (de las explotaciones agropecuarias) tiene el 50 por ciento de la tierra. El 57 por ciento sólo tiene el 3 por ciento de la tierra”.
Es el ingreso a la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de La Plata, donde se desarrolló el XXIII Congreso de la Federación de Estudiantes de Agronomía y Afines (FAEA). Los participantes cuestionaron el actual perfil profesional y explicitaron los efectos sociales de los agronegocios. Se abordó la gran incidencia de las empresas en la universidad pública y reforzaron la necesidades de que la universidad deje de priorizar la soja y aborde la agroecología y la soberanía alimentaria.

“En Agronomía se estudia a los Grobocopatel (grupo empresario agroexportador) como un caso exitoso, a imitar”, comienza Bárbara Kaneko, del Frente Amplio por una Nueva Agronomía (FANA, de la UBA). Sharim Lobo, del Movimiento de Base de Agronomía (MBA, de Córdoba), suma otro ejemplo: “Las empresas de agronegocios deciden qué se investiga. Gran parte de los docentes investiga para empresas como Monsanto”.

Los ejemplos sobran. Apuntes de cátedra que lleven el logo de empresas, compañías de semillas que realizan eventos en las facultades en busca de mano de obra. “De 42 materias que tiene la carrera, podés tener cuatro que intentan mostrar un camino distinto a los agronegocios. Así como los medios de comunicación invisibilizan a los campesinos, en la universidad se da lo mismo”, compara Fabiana Flores, del MBA de Córdoba.

En FAEA participan agrupaciones estudiantiles de las universidades de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, La Plata, Lomas de Zamora, Luján y Comahue. Es una federación independiente y autónoma que apuesta a la autoformación en base a un trabajo horizontal. Mantienen articulaciones con el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), entre otras organizaciones, con los que realizan pasantías.

“Cuando cursás, casi todo está relacionado con la soja. Te forman para un solo cultivo”, resume Augusto Calandrelli, de la organización Cambium de La Plata, pero deja claro que los ejemplos descriptos tienen un trasfondo mucho más profundo. “El gran quiebre se dio en la década del ’90 con la Ley de Educación Superior, que aún se mantiene indemne y por la cual las facultades comenzaron a hacer trabajos para empresas, como si la misma universidad fuera también una empresa”, denuncia, y resalta que desde FAEA se trabaja para cambiar esa ley, dejar atrás la “concepción mercantilista” del conocimiento y que la universidad sea accesible a los sectores populares.

En el encuentro también hubo lugar para el debate de coyuntura. “El PEA (Plan Estratégico Agroalimentario) es la profundización del modelo de agronegocios, con más soja, desalojos, desmonte y agroquímicos. Es un modelo que no contempla lo social”, alertó Emiliano Martínez, de la Agrupación Tierra y Producción (ATP) de La Pampa. Bárbara Kaneko, de la UBA, completa: “Es insustentable porque extrae nutrientes, agota la tierra, produce desertificación”.

Explican que desde cada organización universitaria impulsan debates, encuentros y pasantías con el “otro campo”, que está invisibilizado en la universidad. “El actual modelo educativo y científico prioriza un modelo productivo que sólo tiene en cuenta lo económico. Nosotros creemos que un modelo diferente, donde tenga prioridad lo ambiental, lo social, lo humano”, resume Martínez. En el Congreso XXIII de FAEA explicitaron que construyen, junto a movimientos territoriales, un modelo distinto basado en la agroecología, la soberanía alimentaria y, sobre todo, un campo con familias campesinas y comunidades indígenas.